Las historias de terror detrás de algunas visas para trabajadores temporales

Migración

Cientos de trabajadores centroamericanos fueron obligados a trabajar en granjas amenazados con pistolas. Entre las historias asombrosas, esta la de una mujer quien fue violada en varias ocasiones; la de personas quienes murieron debido a las condiciones laborales precarias.

Este es el resultado de la Operation Blooming Onion, una investigación federal por la cual hay 24 acusados, 100 trabajadores liberados y miles de sospechas sobre el paradero de al menos 71 mil beneficiarios de visas H-2A reclutados por la organización Patricio en los últimos cinco años.  

Hasta noviembre de 2021 la explotación laboral, esclavitud moderna y trabajo forzado en granjas de Estados Unidos era un secreto a voces. Pero esa realidad se puso de relieve, una vez más, cuando el fiscal federal para el Distrito Sur de Georgia, David Estes, describió el 22 de noviembre de 2021 como “esclavitud moderna” lo que pasaba en los estados agrícolas de Georgia, Florida y Texas. La acusación de 53 páginas, citada por el fiscal, detalla los testimonios de decenas de víctimas recopilados por varias agencias federales que marcan un precedente histórico en la sanción de este tipo de delitos con víctimas hispanas.  

Aunque la investigación sigue en curso y defensores de derechos humanos consideran el caso un buen precedente, la Operation Blooming Onion develó otro drama: las fallas estructurales en el programa de visas temporales para trabajadores agrícolas H2A con las que el gobierno busca subsanar la escasez de mano de obra en el país. Esta es la razón por la que diversos sindicatos y activistas piden una reforma del programa de visas, así como una legislación que proteja a los trabajadores.

Los sindicatos tienen una máxima: “Las leyes en los libros, no son las leyes en los campos”, dice Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers of America (UFW), la primera unión de trabajadores en el país fundada por César Chávez. 

La frase resume una realidad: una vez que los trabajadores agrícolas entran a Estados Unidos como temporales, quedan generalmente desprotegidos.

Según Romero, es muy difícil que un trabajador pueda denunciar condiciones laborales porque es frecuente que los empleadores los despojen de sus teléfonos y documentos personales para asegurarse, en el mejor de los casos, que les paguen montos que van por encima de los $10 mil. En el peor de los casos, son esclavizados, torturados, traficados y hasta asesinados. 

Por eso cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia como una buena noticia miles de visas disponibles para trabajadores agrícolas, como lo ha hecho reiteradas veces en los últimos meses, las organizaciones sindicales no celebran.  Para sindicalistas y defensores de derechos humanos, las miles de visas disponibles se convierten en miles de oportunidades para que más trabajadores sean víctimas de trata y esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque “el problema es que una vez que están aquí (EEUU) nadie sabe lo que pasa con ellos”, añade Romero en entrevista para El Tiempo Latino.

 “Desafortunadamente, la expansión masiva del programa H-2A no ha ido acompañada de mayores recursos para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores”, sentencia la organización Farm Worker Justicie, en un comunicado. Solo en el año fiscal 2021, el Departamento del trabajo certificó 317 mil empleos estacionales, un 15% más que los certificados en 2020 y más de tres veces los que otorgó en 2013. El 93% de los beneficiarios fueron mexicanos, seguidos de sur africanos, jamaiquinos y guatemaltecos. “Los salvadoreños recibieron menos de 300 visas H-2A y los hondureños menos de 500, mientras que los nicaragüenses recibieron casi 800 visas H-2A», menciona Felipe Martín, en un análisis para el foro de Wilson Center

El programa de visas H-2A, creado en 1986, funciona así: solo el patrón puede hacer la solicitud de visas para un X número de trabajadores que, por un tiempo determinado, vienen a Estados Unidos a trabajar. La visa solo autoriza al empleado a laborar para ese patrón específico, y las condiciones del programa impiden, a través de esta vía, solicitar una residencia permanente o la ciudadanía, así como prestar servicios a otro patrón sin previa autorización. 

Como resultado, el modus operandi de compañías como Patricio, desmantelada a través de la Operation Blooming Onion, es ofrecer en países como México, Guatemala y Honduras aparentes grandiosas oportunidades laborales, a cambio de hasta 10 mil dólares que se pagan con el trabajo en el campo. El problema, como ocurrió en las granjas de Georgia, es que el pago termina siendo inferior de lo prometido o ninguno.

En consecuencia, los campesinos quedan a merced y en desventaja en ciudades que desconocen, en el que no hablan el idioma, y el que con frecuencia son amenazados ellos y sus familias. Aún así, desde la pandemia, y en medio del fenómeno de la Gran Resignación que ha llevado a millones de trabajadores a renunciar a sus empleos, la popularidad del programa de visas ha encontrado asidero y generado promesas de protección. 

Solimar Mercado, abogada de Georgia Legal Services Program, una organización sin fines de lucro fundada en la década de los 70, asegura que este tipo de casos es muy común que lleguen a sus oficinas. “No les pagan los salarios prometidos, los amenazan para que no se puedan ir, les dicen que no van a poder regresar con otro contrato a Estados Unidos, los amenazan con hacerle daño a sus familias (…) Mantienen a los trabajadores en un estado de pánico esperando que se les acabe el contrato.

Cuando escapan entonces quedan indocumentados, porque la visa solo les permite trabajar para el patrón que les solicitó la visa. A veces no tienen ni pasaporte para viajar. Es el Wild West. Nadie está pendiente de que se cumplan las leyes”, señala en una entrevista con El Tiempo Latino.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *