Nueva norma de HUD amenaza a familias de estatus mixto en Nueva York
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) oficializó una regulación que endurece de manera drástica las condiciones de acceso a las ayudas públicas de alquiler en todo el país. La disposición, publicada el pasado 10 de noviembre y cuya entrada en vigor está fijada para el 14 de diciembre de 2026, exige que la totalidad de los integrantes de un hogar que reciba subsidios federales acrediten ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible. La medida alcanza a los vales de la Sección 8 y a los complejos de vivienda pública de la Sección 9 gestionados por NYCHA.
Qué cambia respecto al sistema actual
Hasta ahora, las normativas federales permitían la convivencia de los denominados hogares de “estatus mixto”, en los que familiares elegibles residen junto a parientes sin estatus calificado bajo un esquema de asistencia prorrateada.
En este modelo, dichas familias pagan un porcentaje de renta significativamente más alto para compensar la presencia de los miembros que no califican a las ayudas. La nueva regulación elimina ese esquema y exige que todos los integrantes del hogar sean elegibles.
Alcance demográfico y estatus afectados
El cambio regulatorio impactará tanto a personas indocumentadas como a inmigrantes que residen legalmente en los Estados Unidos bajo programas temporales que no figuran dentro de las categorías autorizadas por la Sección 214 de la ley federal.
Además de los inmigrantes sin documentos, perderán el derecho a residir en viviendas subvencionadas los beneficiarios de los programas DACA y Estatus de Protección Temporal (TPS), así como los titulares de visas U.
Mantienen su derecho a recibir subsidios los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes legales, los refugiados, los asilados, los sobrevivientes de trata de personas y los solicitantes amparados bajo la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres (VAWA).
De acuerdo con estimaciones del Center for Budget and Policy Priorities, la medida pone en riesgo de desalojo a cerca de 80.000 personas pertenecientes a 20.000 hogares a nivel nacional. De ellas, el 96% son personas de color y el 86% son latinas. Nueva York ocupa el tercer lugar nacional en concentración de estas familias, con aproximadamente 2.500 hogares afectados en el estado.
Choque entre Washington y las autoridades locales
Desde el gobierno federal, el secretario del HUD, Scott Turner, defendió la norma como el cierre necesario de una “brecha legal” histórica. Portavoces de la agencia aseguraron que la restricción permitirá redirigir 218 millones de dólares en subvenciones hacia hogares compuestos íntegramente por ciudadanos y residentes elegibles.
Abogados especialistas y defensores de los derechos de los inquilinos refutaron este argumento económico. Lucy Newman, abogada supervisora de la unidad de vivienda pública de Legal Aid Society, y Marie Claire Tran-Leung, del Proyecto Nacional de Derecho de la Vivienda, explicaron que los miembros no elegibles nunca han recibido subsidios federales. Según señalaron, al pagar tarifas más altas, estas familias mixtas aportan de hecho mayores ingresos a las autoridades de vivienda.
Desalojarlas obligará al gobierno a cubrir el 100% del subsidio para nuevas familias totalmente elegibles. Esto, advierten, encarecerá el programa y reducirá la capacidad total de asistencia en plena crisis habitacional.
La respuesta de la ciudad
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó la disposición federal y aseguró que la administración municipal evalúa todas las vías legales para proteger el techo de los neoyorquinos. La ciudad se suma así a una coalición de 22 fiscales generales estatales que ya habían manifestado su oposición al proyecto.
Recomendaciones legales para los inquilinos
Ante el temor generado en las comunidades, las organizaciones de asistencia legal hicieron un llamado urgente a la calma y entregaron orientaciones prácticas.
No abandonar las viviendas
Los abogados advierten contra el riesgo de la “autoexpulsión” prematura. Ningún inquilino está obligado a desalojar su apartamento en este momento, ya que la norma aún no entra en vigor y existen acciones judiciales en preparación para intentar bloquearla o retrasarla.
Plazos administrativos
En caso de que la regulación finalmente se active el 14 de diciembre, los residentes dispondrán de un periodo formal de 90 días para presentar su documentación migratoria ante las agencias de vivienda antes de que se inicie cualquier procedimiento administrativo.
