El gobierno de Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, mientras continúa la batalla legal.
La apelación de emergencia ante el alto tribunal se produce tras el rechazo de la solicitud del gobierno republicano ante la corte federal de apelaciones en Washington.
Por 2 votos a 1, un panel de jueces de apelación mantuvo vigente una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, poco utilizada.
El Departamento de Justicia argumentó en documentos judiciales que los tribunales federales no deberían interferir en negociaciones diplomáticas delicadas. También afirmó que los migrantes deberían presentar su caso en un tribunal federal en Texas, donde se encuentran detenidos.
La orden que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg, juez principal de la corte federal en Washington.
El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que calificaba a la pandilla Tren de Aragua de fuerza invasora.
“En este caso, las órdenes del tribunal de distrito han desestimado las decisiones del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de tener efectos debilitadores para las delicadas negociaciones internacionales”, escribió la procuradora general interina, Sarah Harris, en el expediente judicial.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron la demanda en nombre de cinco extranjeros venezolanos detenidos en Texas, horas después de que se hiciera pública la proclamación.
El tribunal fijó el martes como fecha límite para la respuesta de la ACLU.
Lee Gelernt, el abogado principal que representa a los migrantes, declaró: “Instamos a la Corte Suprema a preservar el statu quo para que los tribunales tengan tiempo de escuchar este caso, de modo que más personas no sean enviadas a una prisión extranjera de mala reputación sin proceso alguno, basándose en un uso ilegal y sin precedentes de una autoridad en tiempos de guerra”.
El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales.
Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y ordenó el regreso a Estados Unidos de aviones llenos de inmigrantes venezolanos. Esto no ocurrió. Desde entonces, el juez ha prometido determinar si el gobierno desafió su orden de devolver los aviones. El gobierno ha invocado el “privilegio de secreto de estado” y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido el impeachment de Boasberg. En una inusual declaración, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que “el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite la deportación de extranjeros sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o un tribunal federal.
Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos pandilleros. Su fallo afirmó que existe “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar”.
La suspensión temporal de las deportaciones impuesta por Boasberg expirará el sábado, pero la ACLU ha solicitado una prórroga hasta el 12 de abril y planea solicitar una suspensión más duradera de las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, conocida como medida cautelar, mientras continúa la demanda.
