El gigante minorista Amazon, junto con la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), presentó una demanda contra el estado de Nueva York por una nueva ley que, según los críticos, invade el rol exclusivo del gobierno federal en la regulación del trabajo organizado.
La demanda, interpuesta el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Nueva York, sostiene que la norma que otorga a la Junta Estatal de Relaciones Laborales (PERB) la autoridad para supervisar elecciones sindicales y resolver denuncias de prácticas laborales desleales constituye una “usurpación inconstitucional” y está preemptada por la legislación federal.
Amazon solicitó una orden de restricción temporal para bloquear la aplicación de la ley, pero el juez Eric R. Komitee rechazó la petición al considerar que no se había notificado adecuadamente a los demandados.
Los abogados de la compañía argumentaron que la medida “pone de cabeza” la legislación laboral estadounidense al otorgar a la PERB jurisdicción sobre todos los empleadores del sector privado hasta que un tribunal dictamine lo contrario.
Reacciones y contexto político
La disputa legal surge tras la intervención de la PERB en el caso de Brima Sylla, vicepresidente sindical y trabajador del almacén JFK8 de Amazon en Staten Island, despedido el 9 de agosto. Mientras la NLRB revisaba el caso, la junta estatal también reclamó jurisdicción, lo que intensificó el conflicto.
La gobernadora Kathy Hochul defendió la ley, firmada a inicios de mes, como una respuesta a los intentos de la administración Trump de “desmantelar” los sindicatos. Según Hochul, la medida protege los derechos de los trabajadores y atiende el retraso de cientos de casos acumulados en la NLRB tras la destitución de la demócrata Gwynne Wilcox en enero.
Por su parte, la propia NLRB también demandó a Nueva York la semana pasada, alegando que la ley le arrebata sus funciones legales de investigar prácticas laborales desleales. El consejero general interino, William B. Cowen, afirmó que la normativa estatal genera “confusión, retrasos y costos adicionales” para empresas y empleados, además de invadir la jurisdicción exclusiva del gobierno federal.
