En 2016, la policía detuvo a un conductor en Queens, registró su coche y encontró lo que dijeron que eran tarjetas de crédito falsificadas en una pequeña cartera con cremallera en la consola central.
Después del arresto del hombre, su abogado argumentó que la policía violó sus derechos cuando registraron la cartera e inspeccionaron minuciosamente las tarjetas.
Pero un juez no estuvo de acuerdo y la evidencia fue admitida en el juicio.
El caso del hombre es uno de los cientos que han sido socavados o anulados después de que tribunales superiores determinaran que jueces de tribunales inferiores admitieron pruebas que nunca deberían haber sido utilizadas, según un nuevo informe del grupo de transparencia judicial Scrutinize.
La Constitución de Estados Unidos protege a las personas de registros e incautaciones ilegales, lo que significa que la policía debe cumplir ciertos criterios antes de poder revisar la propiedad de alguien o reunir pruebas, como drogas.
Pero en más de 400 casos estatales desde 2007, un juez de primera instancia permitió a los fiscales utilizar pruebas que los jueces de apelación determinaron posteriormente que la policía había obtenido ilegalmente, según el informe.
En más de 150 casos, los jueces de apelación desestimaron la causa penal por completo, porque no había suficientes pruebas reunidas legalmente para sustentar los cargos.
El análisis destaca el poder que tienen los jueces al presidir casos que a veces se basan en pruebas cuestionables.
Los hallazgos también podrían tener implicaciones para futuros casos penales, especialmente a medida que aumentan las detenciones policiales bajo la administración del alcalde Eric Adams .
El conductor de Queens fue sentenciado a entre tres años y medio y siete años de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de no detenerse en una señal de pare, posesión criminal de un instrumento falsificado y posesión ilegal de marihuana, según los registros judiciales.
El director ejecutivo de Scrutinize, Oded Oren, dijo que los jueces de los tribunales de primera instancia deben garantizar que los casos penales no se basen en pruebas que la policía haya recopilado ilegalmente, de modo que los agentes no vuelvan a hacerlo en el futuro.
Si los jueces no lo hacen, dijo, los derechos constitucionales de todos están en peligro.
“Esto no solo afecta a los acusados individuales que fueron detenidos o registrados o a quienes se les exigió una confesión”, dijo Oren, ex defensor público.
“Afecta a todos los civiles, a todos los neoyorquinos que viven en esa zona y que están siendo vigilados por esos agentes”.
El informe recomienda que el sistema judicial estatal publique todas las decisiones de los jueces de primera instancia sobre qué pruebas deben incluirse en los casos penales, así como las transcripciones de las audiencias en las que los fiscales y los abogados defensores discuten sobre esas decisiones.
También pide al sistema judicial que publique un informe anual sobre el número de esas audiencias y sus resultados.
Al Baker, portavoz de la Oficina de Administración de Tribunales, dijo en una declaración que la agencia apoya “análisis y explicaciones imparciales y objetivos de las decisiones judiciales que buscan informar al público”, pero que el informe de Scrutinize “tergiversa los hechos en apoyo de conclusiones dramáticas pero profundamente erróneas”.
Los investigadores descubrieron que 212 jueces estatales de Nueva York permitieron que se utilizaran pruebas que los tribunales de apelación consideraron que se habían obtenido de forma ilegal.
Los tribunales de apelación revocaron las decisiones de casi 100 jueces más de una vez. Más de dos docenas de esos jueces siguen en el banquillo de los tribunales del estado de Nueva York.
Oren dijo que las decisiones de apelación sugieren que los jueces pueden haber confiado en el testimonio de la policía incluso cuando los agentes carecían de credibilidad debido a un sesgo implícito a favor de la aplicación de la ley.
El informe de Scrutinize encontró que dos jueces de Queens que han enfrentado acusaciones de sesgo a favor de la aplicación de la ley permitieron pruebas que los tribunales de apelación consideraron que se obtuvieron de manera inconstitucional con mayor frecuencia: Steven W. Paynter, que ahora está jubilado, y Michael B. Aloise, que todavía preside la Corte Suprema de Queens.
Entre 2007 y 2023, los jueces de apelación fallaron en contra de 18 de las decisiones de Paynter de admitir pruebas, según el informe.
El informe cita un artículo del New York Law Journal de 2019 en el que varios abogados, incluido el actual fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, expresaron su preocupación por el historial de Paynter de admitir pruebas que tribunales superiores determinaron posteriormente que se habían recopilado de forma ilegal.
En un caso, un tribunal de apelaciones falló por unanimidad en contra de la decisión de Paynter de aceptar la evidencia de un registro de un automóvil que se utilizó en un caso de posesión de drogas.
Un detective testificó en el tribunal de Paynter que había visto parafernalia de drogas en el automóvil del hombre cuando miró por el espejo retrovisor.
Pero los jueces de apelación señalaron que la descripción del detective de la parafernalia de drogas difería mucho de la descripción de otro detective y encontraron que su testimonio “pone a prueba la credulidad y desafía el sentido común”.
Desestimaron el caso porque dijeron que no había suficientes pruebas legales para demostrar la culpabilidad del hombre.
Durante el mismo período, los jueces de apelación dictaminaron que Aloise permitió a los fiscales utilizar pruebas obtenidas ilegalmente siete veces.
Paynter y Aloise no respondieron a los mensajes de voz que se les enviaban para que hicieran comentarios el viernes.
La Oficina de Administración de Tribunales no respondió a las preguntas sobre si capacita a los jueces sobre posibles sesgos hacia las fuerzas del orden o los acusados de delitos.
Pero Baker, el portavoz, dijo en una declaración que el porcentaje de decisiones de supresión de Paynter que luego fueron revocadas por la decisión de apelación representa solo el 1,3% de las más de 1.300 audiencias previas al juicio que dirigió mientras estuvo en el tribunal.
