La Senadora estadounidense Kirsten Gillibrand se unió al Senador Bob Menéndez (D-NJ) para instar al Congreso a aprobar la legislación, Gun Records Restoration and Preservation Act, que requeriría que la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para recopilar, preservar y divulgar registros de armas y datos de rastreo de armas.
El Gun Records Restoration and Preservation Act brindaría a los departamentos de policía locales encargados para investigar y resolver delitos con armas de fuego medidas contra el tráfico ilegal de armas y los traficantes de armas negligentes, y permitiría a los investigadores estudiar la violencia armada y su impacto en las comunidades de todo el país.
“Con tantas armas en el mercado abierto, hacer un seguimiento de los registros de armas y los datos de rastreo de armas es un enfoque de sentido común para interrumpir las operaciones del tráfico ilegal de armas y para ayudar a los departamentos de policía a resolver los delitos con armas de fuego”, dijo la senadora Kirsten Gillibrand. “El Gun Records Restoration and Preservation Act es una herramienta poderosa que consolidaría y aumentaría el acceso a datos críticos sobre el uso de armas de fuego, brindando información que podría ayudar a informar a las autoridades locales para mantener armas fuera de nuestras calles”.
Desde 2003, los republicanos han adjuntado las “Enmiendas Tiahrt” (“Tiahrt Amendments” en ingles) al financiación anual del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), restringiendo los esfuerzos de la ATF y el FBI para recopilar, preservar y brindar transparencia al registros de armas y datos de rastreo. El Gun Records Restoration and Preservation Act derogaría:
- La prohibición de que la ATF publique datos de rastreo de armas de fuego para uso de ciudades, estados, investigadores, litigantes y miembros del público;
- La prohibición de consolidar o centralizar los registros que los comerciantes de armas están obligados a mantener;
- El requisito de que el FBI destruya todos los registros de compra de armas aprobados dentro de las 24 horas;
- La prohibición de que la ATF exija a los comerciantes de armas que presenten sus inventarios a las fuerzas de orden público para hacer cumplir las leyes federal que exigen que comerciantes de armas informen sobre la pérdida o el robo de armas de fuego.
La Senadora Gillibrand ha luchado consistentemente para proteger a las comunidades de la violencia con armas. El mes pasado, la Senadora Gillibrand se unió al Líder de la Mayoría del Senado Chuck Schumer (D-NY) y a los Senadores Chris Murphy (D-CT), Dick Durbin (D-IL) y Richard Blumenthal (D-CT) para reintroducir la legislación, elBackground Check Expansion Act, que ampliaría las verificaciones de antecedentes federales a todas las ventas de armas, requiriendo que los vendedores sin licencia realicen verificaciones de antecedentes, ya sea que hagan negocios por el internet, en ferias de armas, o fuera de sus hogares.
El año pasado, la Senadora Gillibrand instó al Departamento de Tesorería de los EE.UU. y al DOJ a trabajar hacia la implementación del código de categoría comercial (MCC, por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) para comerciantes de armas y municiones, lo que ayudaría a las autoridades policiacas a monitorear compras sospechosas de armas de que podrían constituir tráfico ilegal de armas.
Los esfuerzos de la Senadora Gillibrand para la implementación del nuevo MCC complementa sus disposiciónes contra el tráfico de armas, basado a su legislación, elHadiya Pendleton and Nyasia Pryear-Yard Gun Trafficking and Crime Prevention Act, que fueron incluyidas en la histórica legislación firmada por el Presidente Joe Biden – elBipartisan Safer Communities Act.
Estas medidas legales brindan a las autoridades una herramienta importante contra las personas que participan en el tráfico ilegal de armas, y los que venden o comercian con armas ilegales traficadas, lo que hace que el tráfico de armas sea su propio delito federal.
