La administración Trump solicitó el viernes al Tribunal Supremo una orden de emergencia para revocar las protecciones legales de más de 300 000 venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Resistencia en las cortes inferiores
El Departamento de Justicia pidió dejar sin efecto la decisión del juez federal Edward Chen en San Francisco, quien determinó que la terminación anticipada del TPS para estos migrantes fue errónea. La corte de apelaciones de esa jurisdicción rechazó suspender la resolución mientras el caso sigue su curso.
En mayo pasado, el Tribunal Supremo ya había anulado una orden preliminar de Chen que afectaba a otros 350 000 venezolanos cuyo TPS expiró en abril, sin ofrecer explicación alguna, lo cual es habitual en recursos de urgencia de la Corte.
Argumentos del Gobierno y marco del TPS
El procurador general D. John Sauer sostuvo en su nueva petición que la resolución de mayo debe extenderse al presente caso, denunciando la tendencia de los tribunales inferiores a ignorar las órdenes urgentes de la Corte Suprema. Aseguró que ambas órdenes —la antigua y la nueva— detuvieron la “vacatur y terminación del TPS” basada en teorías jurídicas sin sustento.
Bajo la presidencia de Trump, la administración ha acelerado la retirada de varias protecciones migratorias, poniendo fin al TPS de 600 000 venezolanos y 500 000 haitianos que recibieron amparo durante la gestión de Joe Biden. El TPS, creado en 1990 para impedir la deportación de personas de países afectados por desastres o conflictos, se concede por periodos de 18 meses a discreción del secretario de Seguridad Nacional.
El juez Chen criticó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó “con rapidez sin precedentes y de manera inédita… con el propósito preordenado de acelerar la terminación del TPS de Venezuela”. Al rechazar la apelación de emergencia, la jueza Kim Wardlaw y un panel unánime de tres magistrados respaldaron la evaluación de Chen de que el DHS “tomó decisiones primero y buscó luego un fundamento válido” para ellas
