A partir del jueves, los residentes de cinco estados de Estados Unidos que reciben asistencia alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ya no podrán utilizar sus beneficios para comprar refrescos, dulces y otros productos similares.
Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental son los primeros en aplicar exenciones que limitan el acceso a ciertos alimentos considerados poco saludables. Se espera que al menos 18 estados adopten medidas similares en los próximos meses.
Una campaña nacional por la salud pública
La iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quienes buscan que los estados eliminen productos azucarados del programa federal de 100 mil millones de dólares que beneficia a 42 millones de estadounidenses.
Kennedy explicó que el objetivo es reducir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, asociadas al consumo de bebidas azucaradas y dulces. “No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a las personas y luego pagar una segunda vez para tratar esas enfermedades”, señaló en un comunicado.
Críticas y preocupaciones por la implementación
Expertos en políticas de salud y representantes de la industria minorista advirtieron que los programas estatales de SNAP no están preparados para los cambios. Señalan que no existen listas completas de los alimentos afectados y que los sistemas de venta enfrentan desafíos técnicos que varían según el estado y la tienda.
Además, investigaciones previas han mostrado resultados mixtos sobre si restringir las compras con SNAP realmente mejora la calidad de la dieta o la salud de los beneficiarios.
La Federación Nacional de Minoristas anticipó filas más largas en las cajas y un aumento en las quejas de clientes. “Es un desastre en ciernes de personas rechazadas mientras tratan de comprar alimentos”, afirmó Kate Bauer, experta en nutrición de la Universidad de Michigan.
Impacto económico en minoristas y consumidores
Un informe de la Asociación Nacional de Tiendas de Comestibles estima que implementar las restricciones costará a los minoristas 1.600 millones de dólares inicialmente y otros 759 millones cada año.
Organizaciones de defensa contra el hambre también expresaron preocupación. Gina Plata-Nino, directora de SNAP en el Food Research & Action Center, aseguró que “castigar a los beneficiarios significa que todos pagamos más en la tienda de comestibles”.
Un cambio en las reglas históricas del programa
Las exenciones representan una modificación a las políticas federales vigentes desde 1964 y reafirmadas en la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008, que permitía usar SNAP para cualquier alimento destinado al consumo humano, excepto alcohol, tabaco y comidas calientes listas para comer.
En el pasado, propuestas para prohibir carnes caras o alimentos considerados “chatarra” fueron rechazadas por el Departamento de Agricultura, que concluyó que las restricciones serían costosas y difíciles de aplicar, además de poco efectivas para cambiar hábitos de consumo.
Estados pioneros y alcance de las nuevas reglas
Las cinco exenciones que entran en vigor el 1 de enero afectan a 1,4 millones de personas.
- Utah y Virginia Occidental prohibirán refrescos y bebidas gaseosas.
- Nebraska eliminará refrescos y bebidas energéticas.
- Indiana se enfocará en gaseosas y dulces.
- Iowa aplicará las reglas más estrictas, limitando incluso algunos alimentos preparados.
Críticos señalan que las listas de artículos prohibidos no son suficientemente claras, lo que genera confusión entre los beneficiarios.
Testimonios y efectos sociales
Marc Craig, residente de Des Moines, comentó que vive en su automóvil desde octubre y que las nuevas restricciones complicarán aún más cómo utilizar los 298 dólares que recibe mensualmente en beneficios SNAP. “Tratan a las personas que reciben cupones para alimentos como si no fuéramos personas”, declaró.
Evaluación futura y preocupaciones de salud pública
Las exenciones tendrán una duración inicial de dos años, con posibilidad de extenderse por tres más. Cada estado deberá evaluar el impacto de los cambios.
Anand Parekh, experto en políticas de salud pública de la Universidad de Michigan, advirtió que las medidas no abordan los problemas de fondo: “Esto no resuelve los dos problemas fundamentales, que son que los alimentos saludables en este país no son asequibles y los alimentos poco saludables son baratos y ubicuos”.
