Aunque faltan cuatro años para el próximo censo nacional, dos demandas federales que avanzan actualmente en los tribunales podrían modificar de manera significativa la forma en que se realizará el conteo de 2030 y determinar quién será incluido en las cifras oficiales. Las acciones legales, impulsadas por aliados del presidente Donald Trump, cuestionan elementos centrales del proceso que la Oficina del Censo lleva a cabo cada década y que sirven de base para la representación política y la distribución de fondos federales entre los estados.
Demandas que buscan alterar métodos
Las impugnaciones legales se alinean con prioridades políticas del presidente Trump, aun cuando el propio gobierno republicano debe defender a la Oficina del Censo en los tribunales. Paralelamente, un bufete de abogados vinculado al Partido Demócrata ha intervenido en ambos casos, argumentando preocupación sobre si el Departamento de Justicia defenderá con suficiente firmeza a la agencia. Hasta el momento, no hay señales de que los abogados gubernamentales actúen de manera distinta a lo habitual, e incluso han solicitado que uno de los casos sea desestimado.
Mientras tanto, la Oficina del Censo continúa con la planificación del conteo de 2030 y prevé realizar pruebas en seis localidades durante este año, aun con los litigios en curso.
La primera demanda
Una de las demandas fue presentada en Florida por America First Legal, organización cofundada por Stephen Miller, quien fue subjefe de despacho de Trump. Esta acción legal impugna los métodos utilizados por la Oficina del Censo para proteger la privacidad de los participantes y para contabilizar adecuadamente a las personas que viven en instalaciones colectivas, como residencias estudiantiles o centros de cuidados prolongados.
El objetivo declarado es impedir que estos métodos se utilicen en el censo de 2030 y, además, revisar las cifras del conteo de 2020. Según Gene Hamilton, presidente de America First Legal, el caso busca frenar prácticas que, en su opinión, comprometen la representación equitativa y garantizar que el próximo censo se ajuste estrictamente a los mandatos constitucionales.
En este litigio, un juez permitió que una asociación de jubilados y dos estudiantes universitarios se sumaran como intervinientes en defensa de la Oficina del Censo. Los abogados del Departamento de Justicia han solicitado que el caso sea desestimado.
Excluir a inmigrantes sin autorización
La otra demanda fue presentada en Luisiana por cuatro fiscales generales estatales republicanos y por la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, organización que se opone a la inmigración ilegal y promueve la reducción de la inmigración legal. Esta acción busca excluir del conteo para la redistribución de distritos congresionales a las personas que se encuentran en el país sin autorización legal.
En este caso, grupos representados por el Elias Law Group han solicitado intervenir, argumentando que existe el riesgo de que el Departamento de Justicia llegue a acuerdos favorables para los demandantes. Los abogados gubernamentales han respondido que no existe evidencia de que vayan a actuar de manera distinta a una defensa vigorosa de la Oficina del Censo. El juez aún no ha decidido si permitirá la intervención.
Desde el bufete demócrata, se ha advertido que un fallo favorable a los demandantes podría generar un efecto “caótico y disruptivo” en el proceso electoral, obligando a los 50 estados a redibujar sus distritos políticos.
Un debate que revive intentos
Los objetivos de estas demandas, especialmente la de Luisiana, coinciden con iniciativas impulsadas durante el primer mandato de Trump. En el ciclo del censo de 2020, el presidente intentó excluir a las personas sin autorización legal de los números utilizados para asignar escaños en el Congreso y votos en el Colegio Electoral. También buscó incorporar datos de ciudadanía mediante registros administrativos y propuso agregar una pregunta de ciudadanía al cuestionario, iniciativa que fue bloqueada por la Corte Suprema.
Ambas órdenes fueron rescindidas cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, antes de la publicación de los resultados del censo. Sin embargo, en agosto pasado, Trump instruyó al Departamento de Comercio a modificar la forma en que la Oficina del Censo recopila datos, con el objetivo de excluir nuevamente a inmigrantes sin autorización. No se han detallado públicamente las acciones tomadas en respuesta a esa instrucción.
En paralelo, legisladores republicanos han presentado proyectos de ley para excluir a los no ciudadanos del proceso de distribución de escaños. De aprobarse, la medida afectaría a estados de distintos signos políticos, incluidos California, Texas, Florida y Nueva York, que concentran grandes poblaciones de inmigrantes sin autorización, según el Centro de Investigación Pew.
La Constitución, en su 14ª Enmienda, establece que debe contarse “el número total de personas en cada estado” para efectos de distribución. Estas cifras también determinan la asignación de 2.8 billones de dólares en fondos federales destinados a infraestructura, salud y otros programas.
Postura de la Oficina del Censo
La demanda de Luisiana fue presentada al final del gobierno de Biden y quedó en pausa en marzo, a solicitud del Departamento de Comercio. Los abogados del Departamento de Justicia señalaron que necesitaban tiempo para evaluar la postura del nuevo liderazgo en el segundo mandato de Trump. En diciembre, los fiscales generales estatales pidieron que se levantara la suspensión.
Hasta ahora, no hay indicios en los expedientes judiciales de que los abogados del gobierno hayan actuado de manera que perjudique la defensa de la Oficina del Censo, pese a las inquietudes de los grupos intervinientes. En el caso de Luisiana, los abogados federales argumentaron que la agencia se encuentra en plena fase de planificación del censo de 2030 y que levantar la suspensión en este momento no sería apropiado.
