Cuando el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue interrogado por los senadores durante su audiencia de confirmación sobre su visión para implementar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, afirmó que su objetivo era mantener a su departamento fuera de las portadas de los periódicos. Hasta cierto punto, lo ha logrado. Atrás quedaron los videoclips en redes sociales del ahora retirado comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, enfrentándose a manifestantes.
La predecesora de Mullin, Kristi Noem, realizó su primer viaje como secretaria a la ciudad de Nueva York para efectuar arrestos junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En contraste, Mullin viajó a Carolina del Norte para supervisar los esfuerzos de recuperación tras el paso de un huracán.
El gobierno republicano parece estar recalibrando su enfoque respecto a una política fundamental —que contribuyó a devolver a Trump a la Casa Blanca—, alejándose de las tácticas agresivas y de cara al público, para adoptar un enfoque más discreto en materia de aplicación de la ley. A pesar de este cambio, el gobierno insiste en que no está dando marcha atrás en sus ambiciosos objetivos de deportación.
Un giro hacia la discreción sin abandonar los objetivos
“Claramente se han distanciado de —a falta de una palabra mejor— las tácticas bovinistas de antaño”, señaló Mark Krikorian, presidente del Centro de Estudios de Inmigración, una organización que aboga por la restricción de la inmigración. “Pero no está claro si esto significa que realmente se estén alejando del tema migratorio”.
El año pasado, el gobierno de Trump puso en marcha una serie de operaciones de control migratorio, principalmente en ciudades gobernadas por demócratas, lo que disparó el número de arrestos en redadas a gran escala. Esta campaña de mano dura provocó enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden, y derivó en la muerte por disparos de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.
Desde entonces, la agenda antiinmigratoria de línea dura del presidente ha perdido popularidad entre los votantes y no se han lanzado nuevas operaciones de alto perfil en ciudades, lo que ha suscitado interrogantes sobre la estrategia de la administración.
“Seguimos haciendo cumplir las leyes de inmigración. Seguimos deportando a indocumentados que no deberían estar aquí. Seguimos yendo tras lo peor de lo peor, pero lo estamos haciendo de una manera más discreta”, declaró Mullin en una entrevista concedida a CNBC el pasado 16 de abril.
Detenciones disminuyen, pero objetivos se mantienen
Las detenciones realizadas por ICE han caído en los últimos meses, y el número de personas bajo custodia de inmigración ha descendido desde un máximo de aproximadamente 72,000 en enero hasta las 58,000 de esta semana, según datos obtenidos por The Associated Press.
Sin embargo, ICE afirma en documentos presupuestarios que planea expulsar a un millón de personas durante este año fiscal y el próximo, en comparación con las aproximadamente 442,000 personas expulsadas el año pasado. La agencia cuenta con fondos suficientes para llevar a cabo su misión, dado que el Congreso asignó más de 170,000 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional para la agenda migratoria del presidente Trump.
El gobierno tiene como objetivo disponer de espacio suficiente para detener a unas 100,000 personas durante el presente año fiscal, cifra que duplicaría con creces el promedio diario de personas retenidas en los centros de detención de ICE el año anterior. Para ello, ya ha adquirido 11 almacenes distribuidos por todo el país.
“Están trabajando para construir, realmente, un sistema colosal”, afirmó Doris Meissner, exdirectora del Servicio de Inmigración y Naturalización durante el gobierno de Bill Clinton y actual investigadora principal en el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute).
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró que no se ha producido ningún cambio en la estrategia del presidente Trump. “La máxima prioridad del presidente Trump ha sido siempre la deportación de los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales que ponen en peligro a las comunidades estadounidenses”, señaló Jackson. ICE no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios.
Eliminación de protecciones para intensificar deportaciones
Los defensores de los derechos de los inmigrantes se preparan ante la expectativa de que el gobierno centre su atención en despojar de sus protecciones a aquellos migrantes con estatus legal temporal mientras se resuelven sus casos. El número de tarjetas de residencia aprobadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se redujo a la mitad en un año, según un análisis del Instituto Cato. Las visas humanitarias destinadas a refugiados o solicitantes de asilo fueron las más afectadas.
Zach Kahler, portavoz de USCIS, atribuyó este descenso a la intensificación de los procesos de verificación y escrutinio de los solicitantes. El gobierno también ha impulsado la revocación del Estatus de Protección Temporal a cientos de miles de personas; la Corte Suprema evalúa actualmente si el gobierno ha excedido sus facultades al actuar de este modo.
Los defensores de los inmigrantes consideran que esta estrategia busca intimidar a las comunidades migrantes y dejar a más personas expuestas a la deportación, evitando el espectáculo público de las redadas masivas.
Acuerdos locales para reforzar el control migratorio
Durante el último año, ICE ha establecido acuerdos con jurisdicciones locales y estatales que permiten a las fuerzas del orden realizar tareas de control migratorio, desde verificar el estatus de detenidos hasta incorporar controles de inmigración en detenciones de tráfico. Estos acuerdos, conocidos como 287g, han pasado de 135 en 20 estados antes de la llegada de Trump a más de 1,400 en 41 estados y territorios.
Algunos estados, como Florida y Texas, han hecho obligatoria la cooperación entre las fuerzas locales y ICE. Meissner señaló que el “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, probablemente priorizará nuevas conversaciones sobre cómo ampliar esa colaboración. “A fin de cuentas, es muy posible que parte de esto logre aumentar las cifras”, dijo Meissner.
Llamamientos para endurecer las restricciones laborales
Los conservadores que apoyan más deportaciones sostienen que la forma más efectiva de combatir la inmigración ilegal es dificultar el acceso al trabajo para los migrantes. El gobierno ya ha tomado medidas para restringir el acceso a vivienda pública, compartir información de Medicaid con ICE y exigir el registro federal de personas en situación irregular.
Krikorian sugirió que la Administración del Seguro Social podría alertar a los empleadores cuando el nombre de un trabajador no coincida con su número de Seguro Social. Las autoridades también podrían realizar auditorías sistemáticas de los formularios I‑9 y exigir a los bancos recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes.
Presión para cumplir las metas de deportación
Independientemente de la estrategia, el gobierno enfrenta presión para no cejar en sus objetivos. “Las cifras son demasiado bajas”, afirmó Mike Howell, miembro de la Coalición para la Deportación Masiva, que ha publicado una guía sobre cómo alcanzar la meta de un millón de deportaciones al año mediante fiscalización laboral. “Las cifras de deportación son, sencillamente, demasiado bajas”, insistió Howell. “Necesitan ser mucho más altas, y es posible que lo sean”.
