La decisión de la administración del presidente Donald Trump de suspender subvenciones federales para programas de cuidado infantil y asistencia familiar ha generado preocupación inmediata en Nueva York y otros cuatro estados. El anuncio, realizado el 6 de enero por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), señala presuntas irregularidades y “fraude generalizado” como motivo de la medida. Los fondos también fueron congelados en California, Colorado, Illinois y Minnesota, todos estados gobernados por demócratas.
Programas afectados por la suspensión de fondos
La congelación impacta directamente a tres iniciativas administradas por la Administración para Niños y Familias del HHS:
- Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
- Subvención Global para Servicios Sociales
Estos programas representan pilares fundamentales para miles de familias de bajos ingresos que dependen de subsidios para el cuidado infantil, apoyo económico y servicios sociales básicos.
Centros de cuidado infantil enfrentan incertidumbre
En Brooklyn, el centro infantil Nuestros Niños ya percibe la inquietud entre los padres. Su directora ejecutiva, Ingrid Matias Chungata, explicó que la institución depende de estas subvenciones, “especialmente del CBG Grant”, para operar. Actualmente atienden a 300 niños, por lo que cualquier interrupción en la financiación podría afectar directamente su capacidad de ofrecer servicios.
Reacciones de autoridades locales
El contralor de la ciudad de Nueva York, Mark Levine, criticó la medida y la calificó como una acción con motivaciones políticas. Señaló que, de los diez mil millones del presupuesto estatal destinados a estos programas, aproximadamente dos mil quinientos millones provienen del gobierno federal, por lo que el impacto sería “horroroso”.
El congresista Adriano Espaillat también expresó su rechazo y aseguró que continuarán trabajando para restaurar los fondos suspendidos.
La postura del gobierno estatal
La gobernadora Kathy Hochul declaró que confía en que el estado tendrá éxito en los tribunales y afirmó que ya cuentan con una estrategia legal para enfrentar la decisión federal. Su administración considera que la suspensión pone en riesgo a familias que dependen de estos programas para cubrir necesidades básicas.
