El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la mayor iniciativa de ayuda alimentaria en Estados Unidos, atraviesa una transformación estructural que ya está generando efectos significativos en millones de hogares. Entre julio del año pasado y abril de este año, más de 4 millones de personas dejaron de recibir beneficios, según estimaciones preliminares, una disminución que afecta de manera particular a niños y familias con bajos ingresos.
La caída en la participación coincide con la entrada en vigor del One Big Beautiful Bill Act, una amplia reforma fiscal y presupuestaria aprobada el año pasado. La ley introdujo cambios sustanciales en los requisitos de elegibilidad y en el modelo de financiamiento del programa. En su momento, la Casa Blanca calificó a SNAP como “sobredimensionado” y afirmó que no estaba cumpliendo su misión de ofrecer apoyo temporal a quienes enfrentan dificultades económicas.
Cambios en elegibilidad y requisitos laborales
La nueva legislación exige que más adultos demuestren trabajo o voluntariado por al menos 80 horas mensuales para acceder a los beneficios. Estos requisitos ahora aplican a veteranos, personas sin hogar, jóvenes que salen del sistema de acogida, padres con hijos entre 14 y 17 años y adultos de 55 a 64 años.
El impacto proyectado es considerable. Según el Congressional Budget Office, los cambios en los requisitos laborales reducirán la participación en SNAP en 2.4 millones de personas por mes en promedio entre 2025 y 2034.
La ley también restringió la elegibilidad para ciertos inmigrantes. Aunque casi todos los beneficiarios son ciudadanos nativos o naturalizados, un pequeño grupo de no ciudadanos —incluyendo refugiados, solicitantes de asilo y víctimas de violencia doméstica o trata— ya no puede acceder a la asistencia federal.
Disminución nacional en la participación y efectos en los estados
El año pasado, alrededor de 42 millones de personas recibían beneficios mensuales de SNAP, equivalente a uno de cada ocho estadounidenses. Para abril, la cifra cayó a 37 millones, según datos preliminares del Departamento de Agricultura.
Entre julio y abril, la participación nacional disminuyó 11%, con impactos especialmente pronunciados en Arizona, donde la inscripción se redujo a la mitad, dejando fuera a más de 400,000 personas. Por primera vez, más residentes de Arizona acuden a bancos de alimentos que a SNAP, según la Arizona Food Bank Network.
Otros estados con descensos significativos incluyen Luisiana, Florida y Oklahoma. En 19 estados que reportaron datos sobre niños, más de un millón de menores han perdido beneficios desde julio pasado.
Factores que explican la caída
El Departamento de Agricultura señaló que la participación en SNAP suele fluctuar y que la disminución no responde a una sola política. Sin embargo, expertos en políticas alimentarias cuestionan esta interpretación. La analista Katie Bergh, del Center on Budget and Policy Priorities, destaca que el desempleo se ha mantenido estable mientras los precios de alimentos continúan aumentando, lo que sugiere que la reducción está vinculada directamente a los cambios legislativos.
Además, muchas agencias estatales enfrentan presiones de personal y acumulación de trámites, lo que dificulta procesar solicitudes y evitar errores que podrían generar sanciones federales. Encuestas recientes muestran que varios estados priorizan la precisión en los pagos por encima de la rapidez en la entrega de beneficios, lo que puede retrasar la asistencia para familias que dependen de ella.
Transformaciones profundas en el financiamiento del programa
A partir de octubre, los estados deberán asumir una proporción mucho mayor de los costos administrativos de SNAP. Antes, el gobierno federal cubría el 50% de estos gastos; ahora solo aportará el 25%, dejando a los estados con el 75% restante.
En octubre de 2027, los estados también deberán contribuir al costo de los beneficios alimentarios si su tasa de errores —que incluye pagos excesivos o insuficientes— alcanza o supera el 6%. Casi la mitad de los estados podrían enfrentar obligaciones superiores a 100 millones de dólares debido a estas penalidades.
Expertos señalan que las tasas de error reflejan principalmente errores involuntarios de trabajadores estatales o familias que no comprenden qué información deben reportar. Reducir estas tasas requiere tiempo y recursos, lo que ha llevado a algunos funcionarios locales a pedir retrasos en la implementación de las nuevas sanciones.
Riesgos para la continuidad del programa y efectos económicos
El Georgetown Center on Poverty and Inequality estima que los estados deberán gastar entre dos y tres veces más para mantener SNAP en funcionamiento, lo que podría derivar en aumentos de impuestos o recortes presupuestarios. En una encuesta reciente, 29% de los estados indicaron que podrían considerar reducir aún más la elegibilidad, mientras que 11% señalaron que podrían suspender o retirar el programa si los costos se vuelven insostenibles.
Los cambios también afectan a bancos de alimentos, supermercados y economías locales. La National Grocers Association estima que la disminución en beneficiarios reducirá las ventas de comestibles en casi 88 mil millones de dólares a nivel nacional entre 2025 y 2034.
Un panorama incierto para millones de familias
Organizaciones de defensa infantil y expertos en seguridad alimentaria advierten que SNAP enfrenta una crisis existencial. La pérdida de beneficios, combinada con mayores requisitos y costos para los estados, podría dejar a millones de familias sin acceso a alimentos básicos. Para muchos hogares, SNAP es una herramienta esencial para cubrir necesidades alimentarias y sostener la estabilidad económica.
