Un grupo de 24 miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron este viernes al actual presidente Joe Biden, que otorgue a Ecuador una designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) debido al conflicto interno en el país.
Estos legisladores, liderados por los representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Rob Menéndez y Adriano Espaillat, hicieron llegar la solicitud a Biden en una carta en la que argumentan que, en los últimos dos años, Ecuador ha sido «testigo de un fuerte aumento de la violencia».
El pasado 8 de enero, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por sesenta días, ante una serie de atentados y acciones violentas de bandas criminales en varias ciudades del país.
El decreto fue una respuesta a varios hechos de violencia, incluyendo disturbios en cárceles que desencadenaron una intervención urgente de las fuerzas de seguridad.
Como parte del estado de excepción, se suspendieron o limitaron ciertos derechos como la libertad de tránsito y de información, y se autorizó la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, incluyendo centros de privación de libertad.
Y el 7 de marzo, Noboa prorrogó por 30 días más el estado de excepción -con el que el Gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales- para «garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica» en el país.
«Aunque la Administración Biden ha ofrecido ayuda al Gobierno ecuatoriano, esta no aborda
los más de 450.000 inmigrantes ecuatorianos que viven en los Estados Unidos”.
El sistema de protección temporal permitiría que ecuatorianos con permanencia no regularizada en Estados Unidos puedan acceder a la seguridad social, a trabajos formales, recibir remuneración adecuada y evitar los procesos de deportación.
Una designación de TPS, según explicaron los congresistas en el escrito, «permitiría a muchos ecuatorianos respirar con alivio, ya que mantendría a las familias unidas y los haría elegibles para la autorización de trabajo».
«A pesar de la inseguridad bien documentada que llevó a estos constituyentes a hacer el viaje peligroso a través de la Brecha del Darién, muchos de ellos están en proceso de expulsión y enfrentan una deportación inminente», lamentaron.
Organizaciones y personalidades también reaccionaron a la iniciativa, como es el caso del responsable de Inmigración de Make the Road New York, Vicente Mayorga, quien aseguró que, mientras se pide el TPS, la «lucha continua para asegurar protecciones permanentes para todos los inmigrantes».
