La coalición de estados conservadores busca el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que desde 2012 protege de la deportación a más de medio millón de dreamers.
Nueve estados gobernados por republicanos pidieron el martes a el juez federal en Texas Andrew Hanen que cierre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en su totalidad durante dos años, una medida que evitaría que casi 600,000 inmigrantes indocumentados conocidos como “Dreamers” renovaran sus protecciones contra la deportación y sus permisos de trabajo.
La solicitud de la coalición de estados liderada por Texas representa la amenaza legal más apremiante que enfrenta el programa DACA de la era de Obama, que ha continuado hasta el día de hoy, aunque de manera limitada, a pesar de la demanda que desde hace años que cuestiona su legalidad y de los intentos del expresidente Donald Trump por desmantelarlo.
Durante más de una década, DACA ha permitido que cientos de miles de inmigrantes sin estatus legal que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños trabajen y vivan en el país sin temor a la deportación.
Pero el programa no les otorga la residencia permanente, un estatus que solo el Congreso puede otorgar. Hasta septiembre de 2022, un total de 589,660 adultos jóvenes estaban inscritos en DACA, según muestran las estadísticas federales.
En el centro de la solicitud de los funcionarios estatales republicanos presentada el martes se encuentran las reglas que emitió la administración de Biden para colocar DACA sobre bases legales más firmes al transformar el programa en una regulación federal.
En octubre, esas regulaciones reemplazaron el memorando de la administración Obama que creó DACA por primera vez en 2012.
En 2021, el juez de distrito Andrew Hanen, basado en Houston (Texas), dictaminó que DACA era ilegal. Sin embargo, permitió que siguiera intacto mientras abogados defensores apelaban su decisión. En octubre de 2022, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans (Louisiana), devolvió el caso a Hanen alegando que correspondía al juez considerar la propuesta del Gobierno de Biden con la que buscaba blindar el programa para fortalecer las protecciones de los dreamers.
La regla, que entró en vigor el 31 de octubre, recibió 16,000 comentarios públicos y fue revisada para completar los vacíos legales sobre el procedimiento, que ponía en riesgo al programa creado hace una década.
El fallo de Hanen, que fue confirmado en un dictamen por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito el año pasado, ha impedido que el gobierno acepte las nuevas solicitudes de DACA. Pero también ha permitido que los beneficiarios actuales de DACA continúen renovando su inscripción en el programa.
Sin embargo, los estados que cuestionan la legalidad de DACA le pidieron a Hanen el martes que determine que las regulaciones emitidas el año pasado también son ilegales y que impida que el gobierno apruebe las solicitudes de renovación hasta dos años después de que se tome una decisión.
“La regla final, como la última manifestación del programa DACA, es sustancialmente ilegal por las mismas razones que el Memorándum de DACA”, dijeron los estados en su presentación. “La Corte debe declararlo ilegal e inconstitucional, anularlo en su totalidad y prohibir permanentemente su implementación (con una transición prudente para los beneficiarios de DACA existentes)”.
DACA otorga a unos 600,000 beneficiarios la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no garantiza un camino a la ciudadanía.
Sin embargo, no se conoce si Hanen aceptará bloquear las renovaciones de DACA en el futuro, ya que el juez federal anteriormente expresó su preocupación por alterar la vida de los inmigrantes inscritos en el programa. Se espera que el fallo de Hanen se emita después del 6 de abril, fecha límite para que las partes en el caso presenten sus alegatos.
