Un juez federal de Louisiana ratificó el viernes un fallo preliminar emitido a finales de abril que prohíbe al gobierno de Joe Biden eliminar el Título 42 en la frontera con México, una controvertida política de seguridad sanitaria que permite la deportación acelerada de extranjeros por la pandemia.
En el fallo del juez de distrito Robert Summerhays sentencia que «la Corte considera que los Estados demandantes han satisfecho cada uno de los requisitos para una orden judicial preliminar bajo la Regla 65 de las Reglas Federales de Derecho Civil». En consecuencia, el tribunal «CONCEDE la Moción de los Estados Demandantes».
Tras el fallo, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, dijo que aplaudía la decisión de la corte «de otorgar una orden judicial preliminar para evitar que el gobierno federal revoque el Título 42».
“El fallo de hoy es una victoria significativa, ya que el Título 42 es una de las pocas políticas que realmente funciona”, dijo Brnovich en un comunicado. “Estoy agradecido con la corte por defender el estado de derecho y ayudar a mantener cierto nivel de cordura mientras continuamos luchando contra la crisis fronteriza provocada por Biden”.
«Con esta decisión, la Corte bloquea la intención del gobierno de terminar la implementación del Título 42», dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. «El gobierno deberá seguir deportando rápidamente a personas que llegan ilegalmente a la frontera», agregó.
Guerrero dijo además que el dictamen «es un bloqueo preliminar en lo que esta demanda toma su curso en las cortes».
Desde el 20 de marzo del 2020, la norma, que data desde 1944, ha permitido la deportación acelerada de unos 2 millones de extranjeros, la mayoría de los cuales venía en busca de asilo.
La primera sentencia
El 25 de abril la corte presidida por Summerhays prohibió al gobierno suspender la regulación y otorgó un plazo de 14 días para que la Administración Biden suspenda los preparativos de desmontaje de la política de seguridad sanitaria.
Debido a que el gobierno dijo que acataría la resolución y que confiaba en que al final del día la corte retiraría la moción premilitar, el tribunal extendió la orden en espera de una audiencia que se celebró el viernes de la semana pasada, donde los abogados tanto de los estados demandantes como del gobierno entregaron nuevas evidencias.
Durante la audiencia de la semana pasada, Drew Ensign, un abogado del estado de Arizona dijo que el gobierno federal no siguió los procedimientos administrativos adecuados que requieren notificación pública y recopilación de comentarios públicos sobre la decisión de poner fin a las restricciones impuestas bajo lo que se conoce como Autoridad del Título 42.
El gobierno responde que la ejecución de la ley de inmigración es competencia del gobierno federal y no de los estados.
En el dictamen del 25 de abril, Summershays escribió que «la Corte discutió la Solicitud de Orden de Restricción Temporal [ECF No. 24] presentada por el demandante (la Oficina del Procurador General de Arizona)”. Y que “por las razones expuestas en el expediente, el Tribunal anunció su intención de otorgar la solicitud”, de mantener vigente la norma.
La Casa Blanca dijo entonces que el gobierno estaba «trabajando arduamente para planificar y prepararse para eso (cancelar la política)” y que continuaría “trabajando con el Congreso para implementar el levantamiento del Título 42 de una manera tan ordenada y humana como sea posible».
Poco después, la entonces vocera de la Casa Blanca, Jan Psaki, dijo durante una rueda de prensa que “el 13 de mayo la Corte escucharía argumentos sobre la decisión judicial preliminar de Arizona”.
Y que cuando se conozca una decisión final “el Departamento de Justicia (DOJ) anunciará el siguiente paso.
La demanda en contra de los esfuerzos por levantar las restricciones del Título 42 fue encabezada por Arizona y participan, además, los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
“La administración de Biden no puede continuar en flagrante desprecio por las leyes existentes y los procedimientos administrativos requeridos”, indicó.
Los demandantes alegan, además, que el recurso “desafía una calamidad inminente” autoinfligida por el gobierno y que el retiro abrupto de la norma quita “la única válvula de seguridad que evita que las desastrosas políticas fronterizas de esta Administración se conviertan en un caos y una catástrofe absolutos”.
La oposición republicana se había unido en varios frentes para advertirle al gobierno que, si eliminaba la controvertida política vigente desde marzo de 2020, se generaría una crisis migratoria sin precedentes en la frontera con México, al tiempo que amenazaba con acciones legales para mantenerlo en vigor.
De levantarse el Título 42, si así lo permite una Corte de Apelaciones en los siguientes días, el gobierno de Biden asegura que tiene los recursos legales necesarios para seguir deportando de manera expedita en la frontera.
Reitera que el Título 42 no se trata de una política migratoria y que, una vez levantado, continuará procesando casos bajo otros programas vigentes, entre ellos el denominado Quédate en México (Programa de Protección del Migrante -MPP-) y el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
La Ley de Inmigración, codificada bajo el Título 8, constituye la base del derecho de inmigración Estados Unidos, explica un informe de la Universidad de Cornell, Nueva York. Añade que la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA de 1986), “intensificó” las medidas que aplica EEUU para “disuadir la inmigración a través de reglamentaciones fronterizas reforzadas y sanciones para los empleadores que contratan extranjeros ilegales con conocimiento de su estatus migratorio”.
Y no solo permite deportar a personas que no tienen una causa probable de asilo. La lista de deportables incluye, entre otros:
- Aquellos que intenten ingresar o hayan ingresado a EEUU sin haber sido admitidos o en libertad condicional luego de la inspección de un oficial de inmigración en un puerto de entrada designado, y que no hayan establecido a satisfacción del oficial de inmigración que ha estado físicamente presente en el país continuamente durante el período de 2 años inmediatamente anterior a la fecha de determinación de inadmisibilidad;
- Si un agente del DHS determina que un extranjero no puede entrar porque es inadmisible en virtud de la Sección 212 de la Ley de Inmigración.
- Personas que fueron deportadas anteriormente y no han cumplido el tiempo de castigo;
- Individuos que han cometido crímenes o delitos que los convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos;
- Personas que han cometido delitos de bajeza moral;
- Cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral cometido dentro de los cinco años (o 10 años en el caso de un extranjero que tenga el estatus de residente permanente legal según la sección 1255(j) de este título) después de la fecha de admisión, y haya sido condenado por un delito por el que pueda imponerse una pena de un año o más;
- Personas que tengan múltiples condenas penales.
Cabe destacar que el Título 42 no es la principal herramienta de deportación que utiliza el gobierno en la frontera con México. En abril, la mayoría de las expulsiones se llevaron a cabo bajo la implementación del Título 8, revela un informe del CBP.
