La agencia federal encargada de las deportaciones ejecutó más de 142,000 arrestos durante el año fiscal 2022,cifra que casi duplicó la del año fiscal previo, dijo la dependencia en un comunicado.
De las personas arrestadas, 46,396 tenían antecedentes criminales (equivalente al 32.8%). El resto no representaba una amenaza a la seguridad nacional, aseguran organizaciones que defienden los derechos de los indocumentados en el país.
A su vez, ICE reportó que más de 600 agentes especiales colaboran con las agencias que trabajan en la frontera con México para detectar y detener el tráfico de indocumentados.
La Unidad de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “realizó 142,750 arrestos administrativos en el año fiscal 2022, casi duplicando el número que hizo en el año fiscal 2021”, indicó la dependencia que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El reporte indica que los agentes arrestaron a 46,396 no ciudadanos con antecedentes penales” con un promedio de “4.3 cargos y condenas por persona”. Entre los detenidos se incluyen más de 20,000 cargos o condenas por agresión, 5,500 por delitos con armas, 1,500 por delitos relacionados con homicidios y 1,100 por secuestro”, precisa el informe.
La agencia indicó que llevó a cabo 72,177 expulsiones a más de 150 países en todo el mundo. “Durante este tiempo, también realizó más de 200,000 segmentos de transporte adicionales, incluidas transferencias nacionales y expulsiones del Título 42, para un total de 249,435 movimientos individuales de no ciudadanos”, precisó.
ICE dijo, además, que las deportaciones los arrestos y expulsiones también incluyeron a 2,667 pandilleros conocidos o sospechosos, 55 terroristas conocidos o sospechosos, siete violadores de derechos humanos y 74 fugitivos extranjeros buscados por sus gobiernos por delitos que incluyen homicidio, violación, terrorismo y secuestro.
En enero de 2021, el gobierno de Joe Biden canceló las prioridades de deportación emitidas en 2017 por el gobierno de Donald Trump, quien criminalizo la estadía sin papeles colocó a los 11 millones de indocumentados en el banquillo de las deportaciones.
Las prioridades de Biden, actualizadas luego en septiembre de ese año, se enfocan en aquellos indocumentados que han cometido delitos graves y constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.
Pero la política migratoria del gobierno fue demandada por los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, quienes alegan que el gobierno violó la Ley de Procedimiento administrativo (APA), no tuvo en cuenta la opinión de los estados y no cumple con lo ordenado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) al no deportar del país a la totalidad de extranjeros con un orden de deportación.
Tras una disputa jurídica de varios meses donde tribunales inferiores fallaron a favor de los demandantes, en diciembre el caso llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia. En esa instancia se celebró a finales de noviembre una audiencia donde los abogados del gobierno defendieron la facultad del Ejecutivo para priorizar el uso de los recursos.
El máximo tribunal de justicia emitirá un dictamen en el verano. En caso de un dictamen contra el gobierno, la política de prioridades de deportación de Biden sufriría un traspié y se registraría un incremento en el número de operativos y arrestos por parte de ICE.
