Un tribunal federal de apelaciones del Primer Circuito falló el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump tiene la facultad de poner fin a las protecciones legales otorgadas a aproximadamente 430,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estas protecciones, conocidas como permisos condicionales humanitarios, permitían a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por períodos renovables de dos años.
El fallo revoca una suspensión previa emitida por un tribunal de distrito, permitiendo que el gobierno avance con la eliminación de estos permisos mientras continúa el litigio. Aunque representa una victoria legal para el gobierno federal, no implica cambios inmediatos en la situación de los migrantes.
Reacciones ante una decisión que “perjudica a todos”
Esther Sung, directora legal del Justice Action Center y coabogada en el caso, calificó la decisión como perjudicial para todos los afectados. Señaló que los migrantes cumplieron con todos los requisitos establecidos por el gobierno, pero ahora enfrentan la posibilidad de ser separados de sus familias y comunidades, o de regresar a países donde enfrentan situaciones peligrosas.
Los abogados de los demandantes argumentaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no puede revocar las protecciones de forma generalizada sin considerar cada caso individual. También destacaron que el tribunal de distrito actuó correctamente al reconocer el daño irreparable que sufrirían los beneficiarios y al priorizar el interés público.
Debate sobre la discrecionalidad del gobierno
El Departamento de Justicia defendió la postura del gobierno, afirmando que las protecciones humanitarias siempre fueron temporales y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene autoridad para revocarlas sin intervención judicial. El procurador general D. John Sauer advirtió que revisar cada caso individualmente sería una tarea monumental que obstaculizaría los esfuerzos de deportación.
