Nuevas directrices internas indican que el gobierno del presidente Donald Trump planea intensificar de manera significativa los esfuerzos para revocar la ciudadanía a ciertos estadounidenses naturalizados. El documento, obtenido por The New York Times, marca una nueva fase en la estrategia federal de endurecimiento migratorio.
Las instrucciones, enviadas a oficinas de campo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), solicitan que se remitan entre 100 y 200 casos de desnacionalización al mes a la Oficina de Litigios de Inmigración durante el año fiscal 2026. De concretarse, sería un aumento drástico en comparación con los poco más de 120 casos presentados entre 2017 y la fecha, según cifras del Departamento de Justicia.
Un instrumento legal históricamente limitado que ahora se expande
La ley federal permite revocar la ciudadanía únicamente en situaciones específicas, como fraude durante el proceso de naturalización. Sin embargo, el gobierno ha mostrado disposición a utilizar todas las herramientas disponibles para revisar el estatus de inmigrantes legales e indocumentados, lo que ha generado preocupación entre defensores y exfuncionarios.
Activistas advierten que un aumento tan pronunciado podría afectar a personas que cometieron errores menores en sus formularios o que desconocían requisitos técnicos, generando temor entre millones de ciudadanos naturalizados.
Este impulso se suma a una serie de medidas adoptadas este año para restringir el acceso al sistema migratorio, incluyendo límites al asilo en la frontera sur, la suspensión temporal de solicitudes dentro del país y nuevas prohibiciones de viaje para personas provenientes de varias naciones africanas y de Medio Oriente.
Argumentos oficiales y críticas internas
Portavoces de USCIS sostienen que la iniciativa forma parte de una campaña para combatir el fraude en el proceso de naturalización. Según Matthew J. Tragesser, la agencia priorizará casos en los que se considere que la ciudadanía fue obtenida de manera indebida y trabajará con el Departamento de Justicia para “restaurar la integridad del sistema migratorio”.
Pero algunos exfuncionarios expresaron inquietud por la escala de los objetivos. Señalan que imponer cuotas mensuales tan elevadas convierte un recurso legal excepcional en un mecanismo rutinario, lo que podría politizar la revocación de ciudadanía y generar incertidumbre entre los 26 millones de estadounidenses naturalizados.
Voces que respaldan una aplicación más estricta
Quienes apoyan políticas migratorias más restrictivas consideran que el país debe intensificar la revisión de casos en los que la ciudadanía fue otorgada de manera incorrecta. Argumentan que el número actual de desnacionalizaciones es demasiado bajo y que un aumento no afectaría a personas que no deberían ser investigadas.
Datos del Censo muestran que más de 800,000 personas se naturalizaron el año pasado, en su mayoría originarias de México, India, Filipinas, República Dominicana y Vietnam. En la mayoría de los casos en que se revoca la ciudadanía, la persona vuelve a ser residente permanente legal.
Nuevas prioridades para 2026 y ampliación de categorías objetivo
La guía distribuida esta semana forma parte de un documento más amplio que establece las prioridades de USCIS para el año fiscal 2026. Entre metas administrativas aparece explícitamente la instrucción de “perseguir la desnacionalización”.
El Departamento de Justicia también anunció que dará prioridad a estos casos. Una directriz emitida en verano amplía las categorías de personas que podrían ser objeto de estos procesos, incluyendo individuos vinculados a pandillas, delitos financieros, organizaciones criminales o actos violentos.
La agencia señaló que su división civil “priorizará y perseguirá al máximo” los casos permitidos por la ley y respaldados por evidencia.
Un proceso complejo que históricamente ha sido poco frecuente
USCIS identifica los casos y los remite al Departamento de Justicia, que debe presentar la demanda ante un tribunal federal. La desnacionalización puede ocurrir mediante procesos civiles o penales, pero en ambos escenarios el gobierno debe presentar pruebas contundentes de fraude o de ocultamiento de información relevante.
Debido a la dificultad del proceso, los casos han sido escasos desde la década de 1990. Un análisis de Bloomberg Law indica que el punto más alto reciente fue en 2018, con 90 casos presentados. Exfuncionarios señalan que la ciudadanía es un derecho fundamental y que no debe ser revocado sin un estándar probatorio riguroso.
Antecedentes y cifras recientes
Durante el primer mandato de Trump ya se había observado un aumento en estos procedimientos. Uno de los casos más conocidos fue el de Baljinder Singh, un hombre de Nueva Jersey nacido en India, cuya ciudadanía fue revocada tras determinarse que había ingresado al país sin documentos y bajo un nombre distinto.
Este año, el Departamento de Justicia ha presentado 13 casos y ha ganado ocho. Un portavoz señaló que durante la primera administración Trump se presentaron más de 100 casos, frente a 24 durante la administración Biden. En 2017, la Corte Suprema estableció que el gobierno debe demostrar no solo que hubo una falsedad en la solicitud, sino que esa falsedad fue determinante para obtener la ciudadanía.
Preocupaciones sobre posibles efectos colaterales
Expertos advierten que, aunque aumenten las remisiones de casos, la dificultad del proceso judicial podría limitar el número de desnacionalizaciones efectivas. Sin embargo, temen que la presión por cumplir metas numéricas pueda llevar a que personas que no deberían ser investigadas terminen involucradas.
Organizaciones de derechos civiles señalan que esto podría generar temor entre ciudadanos naturalizados, especialmente en comunidades con antecedentes migratorios complejos.
