La legislación de financiamiento para el año 2023 del gobierno excluye protecciones para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), advierten hoy medios especializados.
Casi dos millones de los llamados “Dreamers” (soñadores), nombre con el que se conoce a los inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad, quedaron fuera del proyecto de ley que el Congreso votará esta semana para mantener abierto el gobierno hasta septiembre del 2023.
Los legisladores demócratas manifestaron su preocupación debido a que el texto no incluye acuerdos en favor de los Dreamers.
“Si bien me siento aliviado de que este paquete general de gastos no tiene disposiciones antiinmigrantes, estoy decepcionado de ver que las protecciones para los Dreamers de nuestra nación no llegaron al acuerdo final”, dijo el representante Lou Correa, uno de los principales promotores en favor de dicha categoría de inmigrantes.
Los soñadores se enfrentan a un doble desafío, dadas las constantes demandas encabezadas por el Partido Republicano para anular el programa DACA.
De una parte, casi 600 mil de ellos, que actualmente tienen las protecciones de esa iniciativa, corren el riesgo de perder sus permisos de trabajo y ser deportados si la Corte Suprema anula el programa por completo.
Por otro lado, los casi 1.5 millones de soñadores que actualmente no tienen los beneficios de DACA se encuentran en el limbo, sin recursos para solicitar un estatus legal en el país donde muchos de ellos han crecido.
“Este es solo otro ejemplo de la mala práctica política que se ha llevado a cabo contra nuestras comunidades de inmigrantes durante décadas, perpetuando ciclos de falsas esperanzas para millones. Podemos y debemos aprobar una reforma migratoria significativa, y no dejaré de luchar hasta que cumplamos esa promesa”, afirmó Correa.
Durante el actual Congreso, la Cámara aprobó dos importantes proyectos de leyes de reforma migratoria, sobre los Dreamers y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, y otro que amplía las opciones de inmigración para los trabajadores agrícolas.
Sin embargo, ninguna de las legislaciones mostró signos de atraer a los 10 republicanos del Senado, cuyos votos son necesarios para poder implementar dichas leyes.
