El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) ha tomado medidas para detener a muchas más personas que antes, al designar una autoridad legal para encarcelar a cualquiera que haya ingresado al país ilegalmente sin permitirle una audiencia de fianza.
Todd Lyons, director interino de ICE, escribió a sus empleados el 8 de julio que la agencia estaba revisando su autoridad «extraordinariamente amplia e igualmente compleja» para detener a personas y que, con efecto inmediato, estas personas no serían elegibles para una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.
En cambio, no podrán ser liberadas a menos que el Departamento de Seguridad Nacional haga una excepción.
Ley de 1996
La directiva, reportada inicialmente por The Washington Post, señala un uso más amplio de una ley de 1996 para detener a personas a las que previamente se les permitía permanecer en libertad mientras sus casos se procesaban en los tribunales de inmigración.
Al ser solicitada el martes una declaración sobre el memorando, del cual The Associated Press obtuvo una copia, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró: «El gobierno de Biden liberó peligrosamente a millones de inmigrantes ilegales sin antecedentes penales en el país, y utilizó numerosas lagunas legales para hacerlo. El presidente (Donald) Trump y la secretaria (Kristi) Noem están aplicando esta ley tal como fue redactada para mantener a Estados Unidos seguro».
McLaughlin afirmó que el ICE tendrá «mucho espacio para camas» tras la firma por parte de Trump de una ley que destina aproximadamente 170 mil millones de dólares a la aplicación de medidas migratorias y fronterizas.
Esto sitúa al ICE al borde de un crecimiento vertiginoso, con una dotación de 76.5 mil millones de dólares en cinco años, casi 10 veces su presupuesto anual actual. Esto incluye 45 mil millones de dólares para detenciones.
Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, comenzó a recibir noticias de abogados de todo el país la semana pasada sobre la detención de clientes en tribunales de inmigración bajo la nueva directiva. Una persona detenida vivió en Estados Unidos durante 25 años.
Intensificar la política de detención
Si bien no afectará a quienes ingresaron legalmente y permanecieron en el país después del vencimiento de sus visas, la iniciativa se aplicaría a cualquiera que cruzara la frontera ilegalmente, afirmó Chen.
El gobierno de Trump “ha actuado con gran rapidez para intensificar la política de detención masiva con el fin de detener al mayor número posible de personas sin una revisión individualizada por parte de un juez. Esto convertirá a Estados Unidos en una nación que encarcela a la gente como si nada”, declaró Chen.
Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, afirmó que el gobierno está “adoptando una interpretación draconiana del estatuto” para encarcelar a personas que hayan vivido en Estados Unidos durante décadas, no tengan antecedentes penales y tengan cónyuges, hijos y nietos con ciudadanía estadounidense. Su organización demandó al gobierno en marzo por lo que, según afirmó, era una práctica creciente entre los jueces de inmigración de Tacoma, Washington, de encarcelar a personas durante períodos prolongados y obligatorios.
Lyons escribió en su memorando que la detención era totalmente discrecional del ICE, pero reconoció la probabilidad de una impugnación legal.
Por esa razón, instó a los abogados del ICE a seguir recopilando pruebas para argumentar a favor de la detención ante un juez de inmigración, incluyendo el posible peligro para la comunidad y el riesgo de fuga.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a unas 56.000 personas a finales de junio, cerca de un máximo histórico y por encima de su capacidad presupuestada de aproximadamente 41.000.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la nueva financiación permitirá una población diaria promedio de 100.000 personas.
En enero, Trump firmó la Ley Laken Riley, llamada así por el estudiante de enfermería de Georgia asesinado, que exige la detención de las personas que se encuentran en el país sin autorización y que son arrestadas o acusadas de delitos relativamente menores, como robo, hurto y hurto en tiendas, además de delitos violentos.
