Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó este sábado la solicitud de la administración del presidente Donald Trump para poner en marcha su orden ejecutiva destinada a restringir el voto por correo en 23 estados, de cara a las elecciones legislativas previstas para noviembre. La decisión, emitida por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, mantiene vigente la medida cautelar dictada el pasado 25 de junio por la jueza de distrito Indira Talwani, quien había determinado que los aspectos centrales del decreto presidencial vulneraban competencias estatales en materia de administración electoral.
La resolución representa un revés significativo para la estrategia federal orientada a endurecer los requisitos de votación por correo. El tribunal coincidió con la jueza Talwani en que el Ejecutivo carece de facultades constitucionales para imponer procedimientos electorales que corresponden a los estados, especialmente en un periodo cercano a los comicios.
Rechazo al argumento del Departamento de Justicia
Durante la apelación, el Departamento de Justicia sostuvo que la impugnación de los estados era prematura, argumentando que las agencias federales aún no habían concluido las políticas de implementación del decreto. Sin embargo, la sala del Primer Circuito, en una decisión adoptada por dos votos contra uno, desestimó la postura del Gobierno.
Los magistrados señalaron que el decreto imponía plazos inmediatos que obligaban a las administraciones locales a modificar sus procedimientos electorales a escasos meses de las elecciones de septiembre y noviembre. En ese contexto, los estados querellantes no tenían otra alternativa práctica que buscar protección judicial de manera urgente para evitar alteraciones abruptas en sus sistemas de votación.
Alcance de la orden ejecutiva de marzo
La orden ejecutiva firmada en marzo formaba parte de un conjunto de iniciativas federales orientadas a reforzar los controles sobre el voto por correo. Entre sus disposiciones principales se encontraban:
- • Listas de ciudadanía: Instrucción al Departamento de Seguridad Nacional para cruzar registros de naturalización y remitir a los estados listados de votantes con ciudadanía confirmada.
- • Control en el Servicio Postal: Exigencia al Servicio Postal de los Estados Unidos para limitar la entrega de papeletas únicamente a electores verificados mediante códigos de barras y listas aprobadas.
- • Presión penal a funcionarios: Mandato al Departamento de Justicia para priorizar procesos judiciales contra responsables electorales locales que entregaran papeletas a personas consideradas no aptas.
Estas medidas generaron preocupación entre las autoridades estatales, quienes argumentaron que el decreto interfería directamente con sus competencias constitucionales y amenazaba con alterar la logística electoral en un periodo crítico.
Fundamentos del bloqueo y posible apelación a la Corte Suprema
En la sentencia de primera instancia, respaldada ahora por el tribunal de apelaciones, la jueza Indira Talwani concluyó que el Ejecutivo no posee atribuciones para imponer censos electorales federales ni para utilizar al Servicio Postal como organismo regulador del sufragio. Asimismo, consideró inconstitucional la disposición que buscaba coaccionar a funcionarios locales mediante la amenaza de acciones penales.
La demanda colectiva fue presentada por 23 estados y el Distrito de Columbia, con la participación destacada de las fiscalías de California, Massachusetts, Nevada y Washington. Tras el fallo del Primer Circuito, el Departamento de Justicia indicó que evalúa la posibilidad de recurrir la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que podría abrir una nueva etapa en la disputa legal sobre la orden ejecutiva.
