El nuevo Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), presentado en agosto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entrará en vigor el 31 de octubre, cuando venza el viejo DACA aprobado en 2012 durante el gobierno de Barack Obama.
Y el nuevo beneficio migratorio tendrá la misma restricción que el viejo: sólo podrán procesarse solicitudes de renovación. Y aunque el gobierno podrá recibir solicitudes de aquellos dreamers que nunca se han inscrito, por orden judicial tiene prohibido adjudicarlas.
“El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas confirmó que el DHS tiene prohibido otorgar DACA a los nuevos solicitantes”, dijo el viernes Alejandro Mayorkas, secretario del DHS en un comunicado. “Como resultado, la nueva regulación de DACA del DHS no puede implementarse por completo el 31 de octubre”, indicó.
La entrada en vigor del nuevo reglamento trajo cierto alivio a la comunidad dreamers, sobre todo a unos 700,000 jóvenes quienes están protegidos de la deportación y tienen acceso a una autorización de empleo (EAD).
Sin embargo, al mismo momento sume en la incertidumbre a otros 82,000 cuyas solicitudes fueron recibidas por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La prohibición fue dictada el 16 de julio del 2021 por el juez Andrew S. Hanen, quien preside el mismo tribunal que ahora revisa la legalidad del nuevo DACA tras un fallo emitido recientemente por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito tras una demanda entablada por nueve estados republicanos encabezados por Texas.
El nuevo DACA, enmarcado en la regla final entregada en agosto por el DHS, el juez Hanen indicó que las partes acordaron que la orden emitida el 16 de julio del año pasado “se aplica” al nuevo programa que entra en vigor el 31 de octubre”.
El juez Hanen dejó en claro al término de la audiencia, para asegurar que no haya afectados por la cancelación del viejo DACA, en un escrito de dos páginas, que nada debe interpretarse “como una orden al DHS o a cualquier otra entidad gubernamental para cancelar o rescindir el estatus de DACA de cualquier persona que actualmente sea, a partir de esta fecha, un beneficiario de DACA con buena reputación».
A su vez, el tribunal de Texas advirtió al DHS o al Departamento de Justicia (DOJ) que no pueden tomar medidas de inmigración, deportación o penales contra cualquier beneficiario de DACA, solicitante de DACA “o cualquier otra persona que de otro modo no tomaría».
Mientras las partes en la disputa jurídica aguardan la decisión del juez Hanen, el gobierno, organizaciones y la comunidad dreamer urgen al Congreso a debatir y aprobar una legislación que otorgue a los soñadores un estatus legal permanente con camino a la ciudadanía estadounidense.
“Después del 31 de octubre todo seguirá igual que hasta ahora”, dice José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país. “El nuevo DACA es similar al viejo, con las mismas restricciones para las nuevas solicitudes”, añadió.
Muñoz, además, reiteró un llamado para los 700,000 dreamers amparados bajo el programa y cuyos amparos y permisos de trabajo estén a punto de vencer (150 días), “que renueven a tiempo sus protecciones de deportación y autorizaciones de empleo”.
“Es importante que lo hagan ahora”, indicó, al igual que la directora de USCIS, Ur Mendoza, tras el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito el 5 de octubre.
“Si bien la preocupante decisión del 5º Circuito no cambia quién puede solicitar o renovar DACA actualmente, no se puede esperar que los jóvenes inmigrantes continúen viviendo con la incertidumbre constante provocada por los ataques politizados a la política”, ha dicho Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC).
“DACA es una política exitosa y de sentido común que ha transformado vidas, mejorado nuestra economía y fortalecido nuestra nación. Es legal y moralmente correcto, pero siempre tuvo la intención de ser temporal”, agregó.
