La ciudad de Nueva York, junto a una coalición de 13 localidades de todo el país, presentó un escrito de amicus en apoyo al caso del gobernador de California, Gavin Newsom, que impugna el despliegue de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal en Los Ángeles. El documento solicita al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que ratifique el fallo previo del tribunal de distrito, el cual prohibió el uso de tropas federales en esa ciudad.
La coalición califica el despliegue como un “ataque sin precedentes a los valores fundamentales estadounidenses”, sin base legal y perjudicial para la seguridad pública. También advierte que otras ciudades como Nueva York, Chicago, Baltimore y Oakland podrían ser las siguientes en enfrentar una intervención similar, y pide al tribunal que detenga esta expansión federal sin control.
Alcalde Adams: “No necesitamos tropas, necesitamos colaboración”
El alcalde Eric Adams reafirmó que Nueva York es la ciudad grande más segura del país y que su fuerza policial ha logrado reducir significativamente los delitos violentos. “No necesitamos un despliegue de la Guardia Nacional en nuestra ciudad”, declaró. En lugar de tropas, Adams aboga por una colaboración efectiva con el gobierno federal para frenar el tráfico de armas ilegales desde otras jurisdicciones.
Muriel Goode-Trufant, asesora jurídica de la ciudad, advirtió que permitir el uso de la Guardia Nacional como fuerza policial presidencial representa un grave riesgo para la autonomía local y los derechos constitucionales.
Argumentos legales contra el despliegue en Los Ángeles
En junio de 2025, el gobierno federal activó la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a protestas contra operativos migratorios. El Tribunal de Distrito del Norte de California dictaminó que esta acción violó la ley federal y la Décima Enmienda, al exceder los límites de autoridad presidencial. Aunque el fallo fue suspendido por el Tribunal de Apelaciones mientras se revisa la apelación, el escrito de amicus sostiene que no existe justificación legal para el despliegue.
La coalición argumenta que no hubo invasión ni rebelión que justificara la intervención bajo el Título 10 del Código de EE. UU., y que las alegaciones de “violencia de pandillas” fueron infundadas. Además, señala que la presencia de soldados entrenados en combate obstaculizó las labores policiales locales, generó caos y agravó la violencia en las protestas.
El documento concluye que las ciudades tienen la experiencia y autoridad legal para garantizar la seguridad pública, y que deben ser ellas —no el gobierno federal— quienes lideren los esfuerzos de aplicación de la ley, respetando los derechos constitucionales de sus comunidades.
