El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado a los estados anular los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) realizados la semana pasada por orden judicial, luego de que la Corte Suprema suspendiera temporalmente esas resoluciones. Esta medida intensifica una batalla legal que afecta a 42 millones de personas que dependen del programa para acceder a alimentos básicos.
Conflicto legal y presión estatal
La exigencia del Departamento de Agricultura (USDA) se emitió después de que más de 24 estados advirtieran sobre interrupciones operativas catastróficas si el gobierno federal no reembolsa los beneficios ya distribuidos. Organizaciones sin fines de lucro y fiscales generales demócratas habían logrado fallos judiciales favorables que permitieron liberar los pagos, pero la administración Trump apeló ante la Corte Suprema y obtuvo una suspensión.
Wisconsin: ejemplo de impacto inmediato
El estado de Wisconsin cargó beneficios en tarjetas EBT para 700,000 residentes, incluyendo 270,000 niños, en cumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, tras la congelación de reembolsos por parte del Tesoro federal, el estado advirtió que podría quedarse sin fondos operativos el lunes, afectando a proveedores y servicios esenciales.
“No”, respondió el gobernador Tony Evers ante la exigencia de revertir los pagos. “Actuamos legalmente bajo una orden judicial vigente. El gobierno federal prometió liberar los fondos. No lo ha hecho.”
Riesgo de demandas y colapso operativo
Una nueva demanda presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito advierte que los estados podrían enfrentar reclamaciones de devolución por cientos de millones de dólares, lo que pondría en riesgo la continuidad de los servicios alimentarios y la estabilidad operativa estatal.
El USDA comunicó que considerará “no autorizados” todos los pagos realizados la semana pasada y exigió que los estados reviertan de inmediato cualquier emisión de beneficios completos para noviembre de 2025.
