Era una guía para los agentes que establecía que se diera prioridad a quienes habían cometido delitos y no tenían lazos con la comunidad. Al ser anulada, no hay pautas claras sobre quién está en mayor riesgo de ser expulsado.
Una política del actual Gobierno que establecía que se debía priorizar el arresto de inmigrantes que se consideran una amenaza para la seguridad pública, en lugar de perseguir a todos sólo por ser indocumentados, fue suspendida a partir por orden de la justicia.
Si bien esto no implica que los millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país estén en riesgo inminente de deportación, sí puede renovar el temor en la comunidad. Y se genera además incertidumbre en cuanto a quién será perseguido y con qué criterio, han señalado expertos.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, había ordenado a los agentes de inmigraciones el año pasado que dieran prioridad de deportación a aquellos involucrados en delitos y que eran una amenaza para la seguridad pública, y que acababan de cruzar la frontera y no tenían lazos con la comunidad. En este sentido, les indicaba que tomaran en consideración factores como si habían vivido en Estados Unidos durante muchos años, eran de edad avanzada o tenían hijos nacidos en el país.
Pero los estados de Texas y Louisiana interpusieron una demanda judicial para anular esa regla de priorización de Biden, y un juez federal Michael Newman falló a su favor el 10 de junio pasado dictaminando que la política era ilegal. Como un tribunal de apelaciones no bloqueó la decisión, entró en vigencia el viernes en la noche.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado este sábado que no está de acuerdo con la decisión de la justicia, y apelará, pero por ahora debe cumplirla. Agregó que los agentes del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) evaluarán caso por caso “de manera profesional y responsable”.
El juez federal dijo en su sentencia que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la discreción de decidir a quién deportar, pero dice que la nueva norma viola las leyes de detención obligatoria. De este modo, la anuló parcialmente y estableció que no puede usarse a favor de migrantes que ya están detenidos y que tienen órdenes de expulsión.
Agentes de ICE aún tendrán la discreción de las fuerzas del orden para detener y deportar. Pero ya no son legales los criterios que estableció Biden para proteger a aquellos que no son una amenaza y forman parte de la comunidad.
Sin pautas para actuar; sin protecciones
El Gobierno federal suele establecer algunas pautas que establecen qué migrantes son prioridad de deportación, en general intentando que se persiga primero a aquellas personas que han cometido delitos o que representan alguna otra amenaza antes de pasar a otros.
La Administración del expresidente Donald Trump amplió significativamente la gama de inmigrantes identificados para la deportación, pero estableció aún así algunas guías para que los agentes se enfoquen en los delincuentes.
“El problema de alejarse de las prioridades es que no hay estandarización, ni guía, ni razón”, Karen Tumlin, fundadora de Justice Action Center, un grupo de derechos de los inmigrantes, al periódico The New York Times.
Una decisión más contra los migrantes
La demanda que condujo al fallo fue presentada por Texas y Louisiana, que argumentaron que sus estados enfrentaron presiones en los servicios, como la atención médica, cuando se les exigió brindarlos a un gran número de inmigrantes indocumentados. También afirmaron que había un mayor riesgo de delincuencia en sus comunidades cuando el gobierno no expulsaba a las personas que estaban en el país ilegalmente, aunque numerosos estudios han demostrado que es menos probable que los indocumentados cometan delitos que otros residentes.
