Los neoyorquinos dijeron sí a la Ley de Bonos Ambientales y aprobaron los cambios propuestos por la Comisión de Equidad Racial.
Los votantes de la ciudad de Nueva York aprobaron cuatro medidas electorales este año, aprobando nuevos fondos para proyectos ambientales en todo el estado y tres propuestas locales destinadas a impulsar la equidad racial en los cinco condados.
Por un amplio margen, los votantes de la ciudad y de todo el estado aprobaron la Ley de Bonos Ambientales, que da el visto bueno para que el estado pida prestados $4200 millones para pagar una serie de proyectos para proteger a Nueva York del clima más extremo debido al cambio climático.
Incluye mejoras a los sistemas de aguas pluviales, financiamiento para actualizaciones de infraestructura de aguas residuales, protección de humedales y cambio a autobuses escolares de cero emisiones.
En todo el estado, el 60 % de los votantes aprobaron la Propuesta 1 hasta el martes por la noche. En la ciudad de Nueva York, un margen ligeramente mayor, 81%, votó a favor, según los recuentos de la Junta Electoral de la ciudad.
Los resultados no son una gran sorpresa para los aficionados a la historia: los votantes del estado de Nueva York han aprobado medidas electorales en todo el estado el 70% de las veces desde 1985, según contó Ballotpedia.
Aproximadamente 7 de cada 10 votantes de la ciudad también dijeron que sí a tres preguntas de la boleta electoral propuestas por la Comisión de Justicia Racial del exalcalde Bill de Blasio, o RJC, formada en respuesta a las protestas generalizadas de racismo y brutalidad policial en el verano de 2020.
Esas medidas, las propuestas 2, 3 y 4 en la boleta electoral, harán tres cosas:
- Cambiar el preámbulo de la carta de la ciudad para incluir una declaración de valores para crear una “ciudad justa y equitativa para todos”.
- Ordenar que todas las agencias de la ciudad creen planes de equidad racial cada dos años y establezcan una nueva Oficina de Equidad Racial para coordinar esa planificación.
- Asegurar que el gobierno de la ciudad utilice una nueva forma de calcular el “costo de vida real” sin incluir la asistencia pública como ingreso. El RJC abogó por este cambio porque dijo que la medida de pobreza actual de la ciudad no reflejaba con precisión los costos de los hogares y, por lo tanto, distorsionaba el panorama para los formuladores de políticas.
Las cuatro propuestas entran en vigor inmediatamente.
