Jueces federales de Nueva York y Texas dictaminaron el viernes que las órdenes de restricción temporales vigentes para detener la deportación de venezolanos de EE. UU. se ampliarían para proteger a más personas en ambos estados.
Los fallos se producen en el marco de demandas colectivas interpuestas para impedir que el gobierno deporte a venezolanos acusados de ser pandilleros en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los jueces otorgaron órdenes de restricción temporales a principios de esta semana que impidieron al gobierno estadounidense deportar a venezolanos recluidos en un centro de detención en Raymondville, Texas, y a aquellos recluidos en la jurisdicción federal del Distrito Sur de Nueva York.
El viernes, el juez Fernando Rodríguez Jr. de Texas amplió su fallo para proteger a todos los venezolanos detenidos en su distrito judicial, que incluye las ciudades de Houston, Galveston, Laredo, McAllen, Brownsville, Corpus Christi y Victoria.
El juez Alvin K. Hellerstein, del tribunal federal de Manhattan, modificó su orden inicial para incluir la protección de las personas sujetas a la Proclama Presidencial que se encuentran bajo custodia estatal o local.
La actividad judicial ocurrió después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara el lunes que la administración puede reanudar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero a los detenidos se les debe brindar un debido proceso antes de que los expulsen, incluido un tiempo razonable para argumentar ante un juez que no deben ser deportados.
El juez Rodríguez preguntó al gobierno el viernes si se notificará debidamente a los venezolanos afectados que enfrentan deportaciones, como ordenó la Corte Suprema.
«No estamos preparados para decir que daremos un aviso con más de 24 horas de anticipación», declaró Sarah Wilson, abogada principal del gobierno, y agregó que están trabajando para determinarlo.
