Jesús Elorza
Una de las más importantes características del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI” es, sin lugar a dudas, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada revolución bolivariana.
Desde su propio inicio, se observó que existía un marcado interés en destruir todos los elementos de control que exige obligatoriamente el manejo de las finanzas públicas, para de esa manera lograr comprometer a los funcionarios, por encima de la lealtad normal que debe existir con un gobierno, y al mismo tiempo permitir que los dineros públicos se manejaran, sin ninguna supervisión, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen en sus objetivos políticos.
En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos superiores del Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deporte y Comité Olímpico Venezolano han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como “el saqueo de los recursos presupuestarios y el control totalitario del sector deportivo”.
Los 24 años del régimen chavista (1999-2023), se han caracterizado por una constante violación de la autonomía de las Federaciones Deportivas y del Comité Olímpico, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con todo lo relacionado con el transporte, alimentación y viáticos de las delegaciones que representan al país en eventos internacionales, la «naturalización express» de atletas extranjeros, la falta de transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos económicos del Fondo Nacional del Deporte, la estafa continuada con la solicitud de divisas a Cadivi, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como lo fue el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay.
Además del grave y progresivo deterioro, y abandono, en que se encuentra más del 80% de nuestras instalaciones deportivas, lo cual ha generado el alejamiento de las comunidades y población en general de las mismas, consolidándose además, serias restricciones para el desarrollo del deporte de rendimiento por carecerse de instalaciones adecuadas.
A partir del año 2007, los juegos nacionales son utilizados como elemento de retaliación política contra los gobiernos regionales de Miranda y la Alcaldía de Caracas. Posteriormente en el 2013 los Juegos fueron suspendidos hasta el año 2022 provocando el descalabro más grande en la preparación y participación de las selecciones nacionales en los eventos internacionales.
De esa fecha hasta el día de hoy hemos perdido nuestra supremacía en los Juegos Bolivarianos quedando relegados a un segundo lugar detrás de Colombia. Hecho este que se repite en todos los eventos del ciclo olímpico como quedó evidenciado en los Juegos Centroamericanos 2023.
También, es evidente la falta de un Programa de Asistencia Social Integral al Atleta que les garantice sus derechos al estudio, alimentación, atención médica, útiles deportivos y viáticos durante todo el periodo de preparación y asistencia a los eventos.
La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios, jubilaciones y pensiones de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que, por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de «condenados a muerte», los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación y salarialmente son discriminados frente a los chulos entrenadores cubanos.
Apropiación indebida de los descuentos mensuales del 11% a los entrenadores como aporte a la Caja de Ahorros del IND, así como el 11% del aporte patronal.
La solicitud irresponsable de sedes de eventos deportivos internacionales con el solo propósito de continuar con la apropiación indebida de los recursos económicos destinados para tal fin; ejemplos de ello lo ocurrido con la Copa América de Futbol, Juegos Bolivarianos de Playa, Iberoamericano de Atletismo, Mundial de Softbol femenino entre otros.
La inasistencia a eventos internacionales programados, por incapacidad gerencial que pretenden esconderlas con señalamientos contra el imperio norteamericano y la guerra económica. La entrega de divisas a la dictadura cubana a través de leoninos convenios de contratación de “entrenadores” y los juegos del “Alba”.
Las universidades nacionales fueron segregadas en todo lo concerniente a las políticas de formación de recursos humanos para el deporte para darle prioridad a la importación masiva de “entrenadores” cubanos, la creación de universidades para el deporte sin tomar en cuenta el trabajo académico de los departamentos de Educación Física de la UPEL, Universidades de Carabobo, Zulia, Mérida y la Unellez.
En materia legal, durante este periodo del régimen Chavista-Madurista se ha ido consolidando un proceso totalitario cuyo contenido quedó plasmado en la Ley Orgánica de la Actividad Física y el Deporte, que brinda un marco legal a todas sus arbitrariedades y somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario. I
mponiendo el dogma, según el cual el Estado Revolucionario debe controlar todos los aspectos de la vida ciudadana. Eliminando de hecho, los derechos a la libre asociación, la autonomía de las organizaciones, la libertad de empresa y la propiedad privada.
En síntesis, la gestión deportiva del régimen se caracteriza por su esencia intervencionista contra el sector federado y el voluntariado deportivo en la búsqueda de establecer un sistema totalitario en el sector deportivo.
El sector de la Educación Física, el Deporte y la Recreación en Venezuela, reclama un nuevo modelo o una nueva visión estratégica que permita la amplia superación de las percepciones anteriormente descritas.Una auténtica política social, propiciadora de la participación de la sociedad civil, descentralizada, vinculada a la prevención en el área de salud y sobre todo generadores de valores integradores y dignificadores del individuo. En consecuencia, como lineamientos para el establecimiento de una nueva visión estratégica se proponen los siguientes:
- Democratizar la gestión del sector público y privado de la organización deportiva nacional. estableciendo mecanismos de relación constructiva con los distintos componentes del nuevo modelo de organización y gestión deportiva estructurado de manera descentralizada y facilitadora de la participación de la sociedad civil.
- Fortalecer el proceso de descentralización mediante normativas claras que definan el juego limpio y eliminen en sus raíces las concepciones mercantilistas politiqueras y de piratería de atletas que se han dado en los juegos nacionales.
- El programa Deportes para Todos debe transferirse en lo inmediato a los niveles regionales, municipales y parroquiales con una normativa que tienda a minimizar, en el mayor grado posible, los efectos del clientelismo partidista o politiquero.
- Fortalecer el proceso de descentralización mediante normas claras que garanticen eficiencia en el programa de transferencia Estado Municipio y transferencia Municipio Parroquia para llevar a cabo los programas de deporte para todos y recreación.
- Fortalecer la Educación Física y el Deporte Escolar a través de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, la Federación Polideportiva y la Comisión Interministerial para el desarrollo de este sector. Asimismo, mantener la norma que establece la obligatoriedad de la Educación Física y los Deportes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, y también expresar con clara convicción que las clases sean impartidas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo por docentes especializados en la materia.
- La exhortación a las universidades nacionales, para que generen una reforma curricular que en el marco de las Leyes Orgánica de Educación y de Universidades, permita la salida intermedia de ENTRENADORES DEPORTIVOS (técnico superior en deporte) orientado hacia aquellas disciplinas deportivas que no tienen formación en el país y que constituyen más del 90% del programa competitivo que hoy tenemos en Venezuela.
- Fortalecer la autonomía plena de las Federaciones Deportivas Nacionales, mediante la asignación directa de recursos económicos a través de la Ley de Presupuesto para el desarrollo de sus diferentes programas
- Propiciar la presentación de proyectos que permitan un financiamiento adecuado para el sector de la Educación Física, el Deporte y la Recreación.
- Concluir el proceso de reestructuración del IND para transformarlo en un organismo exclusivo para el deporte de alto rendimiento.
- Revisar y actualizar los Convenios Internacionales en el área deportiva con la finalidad de adaptarlas a las reales necesidades del deporte venezolano.
- Crear el Consejo Superior del Deporte con representantes del sector de Educación Física, Deporte y Recreación como máximo organismo de planificación del sector deportivo y otorgar rango de Ministro de Estado al Presidente de ese organismo.
- Proponer a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley para la Educación Física, el Deporte y la Recreación que contenga las propuestas aquí señaladas y un claro compromiso del sector deportivo al igual que la profundización del proceso de descentralización.
- Proponer una reforma constitucional del Artículo 111 para consagrar de manera definitiva el derecho a la Educación Física, el Deporte y la Recreación, además de la obligatoriedad de la asignatura en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo, así como también la autonomía plena del sector deportivo federado.
Una nueva visión para la Educación Física, el Deporte y la Recreación en Venezuela no debe asentarse en separaciones rígidas de atribuciones, ni campos de exclusividad para el Estado, Municipio o Parroquia, sino que por el contrario debe afirmarse y fortalecerse en la concurrencia de responsabilidades y de inter – relaciones de cooperación entre los diversos niveles del sector público y privado.
Somos solidarios y firmes defensores del concepto universal que define a la educación física, el deporte y la recreación como derechos humanos que deben ser respetados y aplicados en todo el mundo. Igualmente sostenemos que bajo un régimen totalitario el deporte solo tendrá una expresión de dominio y de instrumento ideológico para el control social de la población.
Solo con gobiernos fundamentados en principios de Libertad y Democracia podemos alcanzar que la actividad deportiva-recreativa se transforme en un instrumento integrador de la salud, la educación y la inclusión social de las personas.
