Hace cinco años, una madre del condado de Pinellas, en Florida, descubrió que ciertos libros estaban siendo retirados de las escuelas donde estudiaban sus hijos. Ellos mismos notaron que algunos títulos habían desaparecido de las estanterías, y la situación fue confirmada por docentes y bibliotecarios. Ante este escenario, la madre decidió comprar por su cuenta los libros que ya no estaban disponibles, aunque reconoce que esta posibilidad no está al alcance de la mayoría de las familias.
Explica que retirar libros de las escuelas marca, en muchos casos, la diferencia entre que los niños puedan acceder a ellos o no. Señala que, así como existen desiertos de comida, también hay comunidades que son “desiertos de libros”, donde el acceso a la lectura depende casi exclusivamente de las bibliotecas escolares.
Un fenómeno nacional en expansión
Las bibliotecas de las escuelas públicas de Estados Unidos se han convertido en el epicentro de una intensa batalla ideológica que involucra a familias, docentes, bibliotecarios, activistas y funcionarios públicos. Según la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación de Bibliotecas de EE.UU. (ALA), solo en 2025 se censuraron 6.588 libros en escuelas públicas, un aumento drástico frente a los 70 que se censuraban en promedio cada año entre 2001 y 2020.
Organizaciones que monitorean el fenómeno advierten que la cifra real podría ser mucho mayor, pues gran parte de las prohibiciones ocurre sin registro formal. Un informe reciente de una organización dedicada a la libertad de expresión señala que “nunca se había privado a tantos niños del acceso a tantas historias”.
Este incremento coincide con la aprobación de decenas de leyes estatales —y algunas federales— que buscan restringir el acceso a libros considerados inapropiados para menores. Lo que comenzó como una tendencia impulsada por grupos conservadores se ha convertido en listas extensas que circulan entre legisladores y funcionarios, y en muchos casos los libros se retiran sin revisar su contenido completo.
Argumentos a favor de las restricciones
Las organizaciones que promueven estas medidas sostienen que su objetivo es evitar que los niños estén expuestos a material que consideran inapropiado para su edad. Defienden el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y afirman que buscan protegerlos de contenido sexual explícito o de material ideológico que consideran inadecuado para bibliotecas escolares.
La pregunta central sigue siendo quién y cómo debe decidir qué literatura es adecuada para estar disponible en las escuelas públicas.
Cómo se prohíben los libros
Las prohibiciones no ocurren de manera uniforme en todo el país. Estados como Florida y Texas concentran cientos de casos, mientras que en otros, como Oklahoma y Nuevo México, no se registra ninguno.
El proceso habitual consiste en que un padre de familia u otro ciudadano presenta una objeción ante la autoridad educativa del condado. Un comité experto revisa el caso y emite un concepto técnico, con base en el cual se decide si el libro permanece o se retira.
Sin embargo, en los últimos años han surgido mecanismos adicionales. En estados como Utah y Carolina del Sur existen listas estatales de “no leer”, creadas mediante leyes que buscan prevenir la exposición de los niños a material considerado dañino, indecente o pornográfico. Estas listas incluyen novelas contemporáneas, clásicos literarios y sagas populares.
En Utah, la lista llegó recientemente a 36 títulos, mientras que en Carolina del Sur asciende a 22.
Intervenciones estatales y presión política
Un caso destacado ocurrió en un condado de Florida donde la prensa local reportó que funcionarios estatales enviaron cartas presionando al superintendente escolar para retirar libros considerados inapropiados. Durante una audiencia pública, miembros de la junta estatal cuestionaron duramente a los bibliotecarios y exigieron retirar los libros de inmediato.
El superintendente accedió a retirar decenas de títulos y puso cientos más bajo revisión. Según organizaciones locales, muchos de estos libros nunca habían sido objetados por padres del condado y no se siguió el procedimiento regular.
Una vocería del distrito escolar confirmó que 59 libros fueron retirados, aunque no detalló el proceso ni si los títulos en revisión habían sido restituidos.
Entre los libros retirados se encuentran novelas premiadas, obras históricas y títulos de fantasía ampliamente reconocidos.
El efecto inhibidor
Las repercusiones del caso se extendieron más allá del condado. Una organización nacional documentó que al menos nueve distritos escolares de Florida retiraron cientos de libros antes del inicio del año escolar, sin completar el proceso habitual de revisión, para evitar posibles sanciones estatales.
Este fenómeno se conoce como efecto inhibidor: docentes, bibliotecarios y directores retiran o reemplazan libros para evitar conflictos, especialmente aquellos que podrían resultar controversiales. Los títulos que incluyen personajes LGBT+, o que abordan temas de género, raza y sexualidad, son desproporcionadamente afectados. Según ALA, el 39% de los libros objetados en 2025 incluían historias de personas LGBT+ o de minorías.
Expertos señalan que varias leyes estatales contra la obscenidad y la pornografía en escuelas utilizan conceptos amplios y vagos, lo que genera incertidumbre sobre qué materiales pueden considerarse inapropiados. Esto crea un clima de miedo y un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
En lugar de arriesgarse a tomar una decisión equivocada, muchas escuelas prefieren retirar los libros primero y evaluar después.
El debate sobre los derechos parentales
La tendencia a prohibir libros en las escuelas públicas de Estados Unidos ha crecido de manera acelerada en los últimos años, impulsada en parte por organizaciones conservadoras que invocan los llamados “derechos parentales” para objetar títulos y ejercer presión política. Bajo esta noción, se sostiene que los padres deben tener la capacidad de decidir sobre la educación de sus hijos y sobre el contenido al que están expuestos en las bibliotecas escolares.
Una de las organizaciones más activas en este movimiento argumenta que los padres tienen la responsabilidad de proteger a los menores de materiales que, según su criterio, podrían socavar su inocencia o promover ideologías consideradas inapropiadas. Otro colectivo, también involucrado en estas iniciativas, sostiene que la autoridad de educar y formar moralmente a los hijos es un derecho otorgado por principios superiores y no debe recaer en el Estado ni en las instituciones educativas.
Quién impulsa realmente las objeciones
Aunque el discurso público suele presentar estas prohibiciones como iniciativas de padres preocupados, los datos disponibles indican que la mayoría de las objeciones no provienen de familias con hijos en el sistema escolar. Según la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación de Bibliotecas de EE.UU., el 92% de las objeciones registradas en 2025 fueron iniciadas por grupos de presión y funcionarios gubernamentales.
Organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión han documentado que un número reducido de colectivos organizados ha presentado una proporción desmesuradamente alta de las objeciones. Activistas locales señalan que no existe evidencia de que estos esfuerzos hayan surgido de padres con hijos actualmente matriculados en escuelas públicas, sino de grupos con escasos vínculos con el sistema educativo.
Derechos parentales versus libertad de lectura
Una madre del condado de Pinellas, en Florida, que defiende los derechos parentales, sostiene que prohibir libros en las escuelas contradice precisamente ese principio. Afirma que, al retirar libros, quienes promueven estas medidas están decidiendo también por otros niños que no son sus hijos, pasando por encima de la capacidad de otras familias para elegir.
Desde esta perspectiva, la prohibición de libros no solo busca influir en la educación de los propios hijos, sino también “controlar lo que las personas aprenden y cómo”. Los opositores a estas restricciones señalan que los derechos parentales no deben socavar la autoridad profesional de bibliotecarios y especialistas, quienes están capacitados para evaluar materiales según su idoneidad para cada edad, el desarrollo infantil, los objetivos educativos y el mérito literario.
La legislación federal establece que los materiales escolares deben evaluarse mediante el test de obscenidad conocido como test de Miller, que sopesa el contenido sexual junto con el valor literario, informativo, intelectual y cultural de cada obra.
El costo de prohibir libros
Para muchas familias, el retiro de libros implica una pérdida significativa en el desarrollo intelectual de los niños. Una madre de cuatro hijos en Florida lamenta que estas prohibiciones les quiten a los menores “una ventana, un espejo y la habilidad de pensar críticamente sobre el mundo en el que viven”. Sus hijos han podido acceder a libros por otros medios, pero reconoce que esta no es la realidad de la mayoría de los estudiantes.
En su condado, se han registrado decenas de acciones para censurar libros en bibliotecas escolares. A nivel nacional, el fenómeno ha generado respuestas políticas. En 2023, el gobierno federal inició investigaciones para disuadir a las escuelas de limitar el acceso a libros controversiales. Sin embargo, con el cambio de administración, el Departamento de Educación desestimó las denuncias, calificó el fenómeno como un mito y afirmó que los libros retirados eran inapropiados o explícitos. La oficina también eliminó el cargo encargado de investigar estas medidas.
Actualmente, avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca retirar financiación a las escuelas que proporcionen materiales con contenido sexual a menores de 18 años, una iniciativa respaldada por legisladores que defienden los derechos parentales.
Consecuencias para el sistema educativo
Expertos en libertad de expresión advierten que el propósito de las escuelas y bibliotecas no es proteger a los niños del mundo hasta que cumplan 18 años, sino prepararlos para enfrentarlo. Señalan que los estudiantes deberían tener acceso a ideas con las que inevitablemente se encontrarán fuera de la escuela y que la educación debe ser un espacio seguro para explorar distintos puntos de vista.
Activistas que trabajan en defensa del derecho a leer consideran que la consecuencia más grave del auge de la prohibición de libros es la aceptación silenciosa de que las bibliotecas y la literatura ya no merecen ser defendidas. Sostienen que se ha normalizado la idea de evitar la controversia por encima de exponer a los estudiantes a ideas desafiantes, y que se ha debilitado la confianza en la capacidad de los adultos para guiar conversaciones difíciles.
La conclusión es contundente: cuando quienes tienen la autoridad para proteger la libertad de leer optan por replegarse, la pérdida va mucho más allá de los libros.
