Sindicatos que representan a más de 4 millones de educadores y trabajadores escolares en todo Estados Unidos han presentado una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, alegando que las redadas migratorias cerca de centros educativos están generando miedo entre estudiantes y maestros, y provocando deserción escolar.
La Asociación Nacional de Educación y la Federación Estadounidense de Maestros encabezan la acción legal, argumentando que permitir arrestos en escuelas —espacios tradicionalmente considerados “zonas sensibles”— viola la ley.
El caso incluye testimonios de educadores de una escuela preescolar en Oregon, donde agentes enmascarados detuvieron al padre de un alumno en el estacionamiento escolar, lo que obligó a activar un cierre de emergencia. La maestra Lauren Fong, que enseña al niño afectado, cuestionó la decisión de realizar el arresto en un entorno tan visible para menores.
La demanda se suma a otra presentada en abril por un sindicato agrícola y varias iglesias, que impugnan la autorización de redadas en lugares de culto. Los demandantes sostienen que estas acciones vulneran derechos constitucionales y generan un clima de temor en comunidades inmigrantes.
El impacto en la asistencia escolar y la vida comunitaria
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó las restricciones que durante décadas impedían realizar arrestos en escuelas, hospitales y templos religiosos, instando a los agentes a actuar con “sentido común”. Sin embargo, los sindicatos argumentan que esta política ha sido aplicada de forma arbitraria, con consecuencias graves para estudiantes y familias.
La demanda documenta varios incidentes, incluyendo el caso de un adolescente con discapacidad en Los Ángeles que fue esposado por error durante una redada escolar. En el Valle Central de California, las ausencias escolares aumentaron un 22 % tras operativos migratorios, según un estudio de Stanford.
Educadores en distintos estados reportan una caída en la participación estudiantil, especialmente entre alumnos inmigrantes o hijos de inmigrantes. Algunos padres evitan inscribir a sus hijos en programas de educación especial por temor a compartir información personal. En Texas, la matrícula en clases de inglés ha disminuido notablemente.
Líderes religiosos también han denunciado una baja en la asistencia a misa, mientras que abogados argumentan que permitir redadas en iglesias viola la Primera Enmienda.
