El máxino tribunal de justicia rechazó por 5-4 el pedido de Texas y Missouri de mantener vigente el programa que devuelve a México a solicitantes de asilo. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional podrá desmantelarlo y recuperar el debido proceso en la frontera.
La Corte Suprema de Justicia negó este jueves a los estados de Texas y Missouri un recurso que demandaba mantener vigente ‘Quédate en México’, dándole una importante victoria al gobierno del presidente Joe Biden, poniendo fin al proceso que permitía a las autoridades fronterizas de EEUU enviar a territorio mexicano a solicitantes de asilo.
La Corte Suprema de Estados Unidos dejó en libertad a la administración del presidente Joe Biden para poner fin a una política de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera sur a esperar en México a que se procesen sus casos, lo que le permite al presidente retomar el control de una faceta clave de su política migratoria.
Con una votación de 5 a 4, la corte dijo que el programa «permanecer en México» no es necesario según la ley federal de inmigración, aunque el Gobierno carece de capacidad para detener a todos.
La administración de Biden argumentó que los funcionarios federales pueden liberar a muchos de los solicitantes en el país mientras esperan las audiencias.
El fallo otorga a Biden una victoria legal, restaurando la autoridad del presidente sobre un asunto que tradicionalmente ha estado bajo el control de la Casa Blanca.
Al mismo tiempo, la decisión aumentara el desafío para Biden mientras sortea el problema políticamente tenso de la afluencia fronteriza. Su Administración también está librando una lucha en los tribunales para poner fin a los controles separados del Título 42 impulsados por la pandemia.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh se unieron a los tres liberales del tribunal en la mayoría. Biden cumplió una promesa de campana al suspender la política «permanecer en México» el día que asumió el cargo, pero pronto se vio envuelto en un litigio.
El año pasado, la Corte Suprema obligo a la Administración a reanudar el programa, una medida que requirió la negociación con el Gobierno mexicano.
Más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional dio una explicación más completa de su rescisión del programa, lo que lo situó en una base legal más sólida.
Roberts dijo en su opinión que la explicación del Departamento de Seguridad Nacional era suficiente.
