La Corte Suprema inicia este martes la revisión de las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, enfocadas en aquellos extranjeros que han cometido crímenes y constituyen una amenaza para la seguridad pública, fronteriza y nacional de Estados Unidos.
En julio, el máximo tribunal de justicia no le permitió a la administración Biden implementar el nuevo protocolo anunciado a finales de septiembre del año pasado, pero la decisión fue congelada a nivel nacional hasta que los magistrados revisaran la política. Una decisión final de la Corte Suprema demorará hasta el verano del 2023.
Las prioridades de Biden reemplazaron a las prioridades dictadas por el expresidente Donald Trump, quien criminalizó la estadía indocumentada y puso a los 11 millones de indocumentados que se estiman viven en el país en el banquillo de los deportados.
También otorgó poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para deportar, incluso a extranjeros acusados de cometer delitos y cuyos casos no han sido resueltos por los tribunales.
Las prioridades de deportación de Biden fueron demandadas por los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, quienes alegan que el gobierno cambió la ley de inmigración sin la autorización del Congreso.
En octubre, Texas presentó un escrito ante la Corte Suprema solicitando que deje sin efecto las prioridades de deportación de Biden y que con ello permita que miles de extranjeros criminales deportables “caminen libremente en comunidades de todo Estados Unidos”.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, alega que los extranjeros con una orden de deportación final son criminales que deben ser expulsados del país.
En el escrito presentado a la Corte Suprema, el fiscal general texano señaló que “inicialmente se había requerido que estas categorías de extranjeros criminales peligrosos fueran detenidos” y con ello hacer frente “a las crecientes tasas de actividad criminal por parte de extranjeros».
Paxton dijo, además, que un tribunal federal de distrito previamente había fallado a favor de los demandantes (Texas y Louisiana) y encontró que el Memorando Final de la Administración Biden (emitido el septiembre del 2021) “violaba la ley, era arbitrario y caprichoso, y procesalmente inválido”.
«Es difícil imaginar una política más peligrosa y radical que la decisión del gobierno de Biden de permitir que los criminales violentos anden libremente por nuestras comunidades», dijo Paxton, al tiempo que pidió a la Corte Suprema que ordene al gobierno “detener a los extranjeros ilegales criminales», incluidos todos aquellos con orden final de deportación.
Si bien una decisión final sobre el tema será tomada por la Corte Suprema en el verano de 2023, los demócratas y la Casa Blanca están inquietos por lo que vaya a decidir ese tribunal.
Fuentes consultadas por Univision Noticias que pidieron el anonimato, dijeron que en 2023 aumentará la presión sobre el gobierno “al haber recuperado los republicanos el control de la Cámara de Representantes”, un escenario que no presagia ningún debate a favor de los inmigrantes indocumentados.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes reiteran que un alto porcentaje de extranjeros con orden de deportación no cometieron crímenes que los haya convertido en deportables, sino faltas de inmigración y fallos dentro del debido proceso.
Los estados demandantes, por su parte, sostienen que la permanencia en el país de extranjeros que deberían ser deportados conforme la ley, ocasionan gastos en áreas de educación y salud que deberían ser destinados a ciudadanos que «respetan la ley».
Críticos de los estados demandantes citados por el diario USA Today dicen que los opositores a las prioridades del gobierno de Biden “están apuntando activamente a este grupo y separándolo del resto de la población, a pesar de que las leyes federales y estatales exigen que todos los residentes de un estado sean tratados de manera similar”.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró que ser indocumentado en Estados Unidos no condena al inmigrante a ser deportado del país.
En el documento, enviado a los jefes de seguridad y fronteras de las distintas agencias bajo su mando, Mayorkas dijo que el hecho de que alguien sea un inmigrante indocumentado «no debería ser el único fundamento» de la decisión de detenerlo y expulsarlo de Estados Unidos.
«Establecemos prioridades de aplicación de la ley de inmigración civil para lograr nuestros objetivos de la manera más efectiva con los recursos que tenemos», se lee en el documento.
Mayorkas escribió que «daremos prioridad a la detención y expulsión de no ciudadanos que sean una amenaza a nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza». El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) ha instruido a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) que no deberían intentar arrestar y deportar a trabajadores agrícolas, ancianos y otras personas que eran vulnerables a la deportación bajo la administración Trump.
Durante el gobierno de Trump, el DHS se basó en una severa lista de prioridades de deportación que incluyó a inmigrantes acusados de delitos, incluso si los casos todavía no habían sido resueltos por los tribunales.
Trump también decretó que la presencia indocumentada constituía una amenaza para la seguridad nacional y pública, y otorgó poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para deportar indocumentados solo por el hecho de no tener permiso de estadía legal en el país.
La decisión que tome la Corte Suprema sobre las prioridades de deportación de Biden será clave en el desarrollo de la política migratoria del presidente, quien desde que asumió el control de la Casa Blanca en enero de 2021 ha intentado recuperar la protección del debido proceso migratorio.
