Un grupo integrado por 41 legisladores demócratas urgieron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California) a “garantizar” fondos al Departamento de Justicia (DOJ) “para la representación legal de las personas que enfrentan procesos de deportación”.
Un grupo integrado por 41 legisladores demócratas urgieron a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California) a “garantizar” fondos al Departamento de Justicia (DOJ) “para la representación legal de las personas que enfrentan procesos de deportación”.
La petición la hicieron por medio de una carta enviada a Pelosi y a los representantes, Rosa L. DeLauro, presidenta del Comité de Apropiación de la Cámara Baja, y Matt Cartwright, quien preside el Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Organismos Afines del Comité de Asignaciones. En la misiva el grupo pide que los fondos “se incluyan en el proyecto de ley de asignaciones del Año Fiscal 2022”.
Los congresistas instaron además a Pelosi a que “continúe apoyando” los $50 millones incluidos en el proyecto de ley de asignaciones de Comercio, Justicia y Ciencia (CJS) del año fiscal (FY) 2022, fondos que serán destinados a programas federales que brindan representación legal a miles de inmigrantes pobres que piden asilo.
Los programas también cubren a familias y otras personas que enfrentan en la corte federal de inmigración procedimientos de deportación y no tienen el consejo de un abogado para defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
En la carta, el grupo dijo que, si bien el gobierno tiene el compromiso de promulgar leyes y una reforma migratoria con derechos humanos, “desgraciadamente el proyecto de ley del CJS del Senado no incluyó fondos para que el Departamento de Justicia implemente un plan piloto.
“Le instamos a que incluya el nivel de financiación de la Cámara, y el lenguaje, en el proyecto de ley final para garantizar que el DOJ aborde esta necesidad crítica”, se lee en la carta.
Por qué la urgencia
Al explicar las causas de la urgencia para la aprobación de recursos, los legisladores indicaron que las leyes de inmigración “son complejas y confusas”, y la perdida de un caso en la corte de inmigración finaliza con una deportación que “cambia la vida de las personas y las familias”.
“A pesar de estos hechos, el gobierno federal no garantiza la asesoría legal para las personas en proceso de deportación”, situación que vuelve “casi imposible para las personas en proceso de deportación, que por lo general no hablan inglés, comprender el sistema y/o cómo solicitar asistencia humanitaria y otros servicios legales de alivio dentro del debido proceso”.
La carta indica además que “la representación legal es el factor más determinante para garantizar que las personas que se enfrentan a la deportación, tengan su día en la corte y estén representados por un abogado”.
“Las personas tienen cinco veces más probabilidades de obtener alivio legal en comparación con aquellos que no están representados o no tienen ayuda legal”, precisan. Y en cuanto a las personas que están detenidas durante los procedimientos de deportación, “tienen 10.5 veces más probabilidades de éxito en sus casos cuando están representados”, precisaron.
El grupo dijo además que permitir un mayor acceso a la asesoría legal “ayuda al sistema judicial a operar de manera más eficiente, ya que continúa enfrentando inmensos retrasos”.
Un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, revelo que la Corte de Inmigración (EOIR) tiene más de 1.7 millones de casos acumulados.
