La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) emitió una decisión que establece que la salida del poder del expresidente venezolano Nicolás Maduro y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio relevante en las condiciones de Venezuela que debe ser considerado al evaluar solicitudes de asilo basadas en temor de persecución política.
La resolución, identificada como Matter of A‑E‑V‑M‑, 30 I&N Dec. 20 (BIA 2026), Interim Decision #4241, fue publicada este viernes 4 de septiembre por un panel integrado por el juez principal de apelaciones Malphrus y los jueces Hunsucker y White.
Caso cuestiona el temor de persecución
El caso involucra a una ciudadana venezolana que solicitó asilo alegando persecución por su oposición al gobierno de Maduro. Según el expediente, tanto ella como su esposo participaron en actividades políticas opositoras y denunciaron amenazas, intimidación y un ataque contra él. La solicitante también declaró que las autoridades venezolanas anularon su pasaporte en octubre de 2025 y que continuó expresando públicamente su oposición desde Estados Unidos.
Un juez de inmigración le había concedido el asilo al considerar que existía un temor fundado de persecución futura. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló la decisión, argumentando que el juez no evaluó adecuadamente las nuevas condiciones políticas del país.
La salida de Maduro cambia el análisis
La BIA sostuvo que la evaluación del temor de persecución debe ser prospectiva y considerar los acontecimientos ocurridos después de la salida del solicitante de su país. La Junta afirmó que la destitución de Maduro y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio significativo en las condiciones de Venezuela.
El organismo calificó la salida del antiguo mandatario como “un acontecimiento muy significativo”, señalando que no puede interpretarse simplemente como otro episodio dentro de un escenario político sin modificaciones sustanciales. No obstante, aclaró que un cambio de liderazgo no elimina automáticamente el riesgo de persecución, ya que la permanencia de funcionarios, instituciones o fuerzas de seguridad vinculadas al antiguo gobierno puede seguir siendo relevante.
El caso deberá ser revisado nuevamente
Aunque el juez de inmigración reconoció que hubo un cambio político en Venezuela, la BIA consideró insuficiente su análisis sobre las consecuencias de ese cambio en el riesgo particular que enfrentaría la solicitante. La Junta cuestionó especialmente afirmaciones como “la esencia del gobierno de Maduro permanece” y “el régimen de Maduro no ha desaparecido”, al considerar que carecían de hallazgos fácticos suficientes.
Por ello, ordenó devolver el expediente al juez de inmigración para que determine si las personas o instituciones que la solicitante teme continúan teniendo la capacidad y la intención de perseguirla bajo el nuevo escenario político.
También se cuestiona el plazo para solicitar asilo
La decisión aborda además el requisito de presentar la solicitud de asilo dentro del primer año. La BIA señaló que el juez concedió el asilo sin determinar previamente si la solicitante había cumplido con ese requisito o si calificaba para una excepción. El expediente indica que inicialmente figuraba como beneficiaria derivada en la solicitud de su esposo presentada en 2015, pero no presentó una solicitud individual hasta el 19 de marzo de 2026.
La Junta aclaró que el reconocimiento de un cambio en las condiciones del país no resuelve automáticamente el problema del plazo de presentación. La excepción por “circunstancias cambiantes” exige demostrar más que la mera existencia de un cambio político.
Si el juez determina que la solicitud fue presentada oportunamente o que existe una excepción válida, deberá reevaluar la elegibilidad para el asilo considerando las nuevas condiciones políticas. Si concluye que la solicitud está fuera de plazo, deberá analizar las solicitudes de withholding of removal y protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT).
Una decisión que redefine el análisis, pero no elimina derechos
La BIA anuló la decisión del juez de inmigración y devolvió el expediente para nuevos procedimientos. La resolución no establece que los venezolanos pierdan automáticamente el derecho a solicitar o recibir asilo debido al cambio político en Venezuela. Lo que determina es que, en casos basados en temor de persecución vinculado al antiguo gobierno, los jueces deben incorporar las nuevas condiciones políticas y evaluar de manera individual si el riesgo persiste.
