El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció este viernes una nueva regla federal, acordada junto al Departamento de Justicia, que permitirá que imponer multas a migrantes indocumentados sea «más fácil y eficaz».
Con la regulación actual, el Gobierno de Donald Trump debe avisar con 30 días de antelación a los migrantes antes de emitir la sanción.
Eliminación de aviso previo
La nueva regla elimina ese periodo de aviso previo y autoriza a los agentes migratorios a enviar las multas por correo ordinario, acortando además el proceso para recurrir la sanción.
«Las leyes no se hacen cumplur a sí mismas, debe haber consecuencias por desobedecerlas», afirma la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en el comunicado publicado en la web del DHS.
En su opinión, estas «penalidades financieras son solo una razón más» por las que los migrantes indocumentados «deberían usar» el app CBP Home «para autodeportarse ahora antes de que sea demasiado tarde».
Van por 10 mil
El nuevo proceso aplicará, según el DHS, a los extranjeros que entraron al país ilegalmente; a los que ignoraron órdenes de expulsión o demoraron su salida; y a los que no cumplen con los acuerdos judiciales para su salida voluntaria.
Las multas pueden ser, agrega, de $100 a $500 por una entrada o intento de entrada ilegal al país; de $1,992 a $9.970 por no cumplir una orden de salida voluntaria; y de hasta $998 al día por incumplir una orden de expulsión.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, hasta el 13 de junio se habían notificado casi 10,000 multas. A los migrantes que decidan autodeportarse con el app CBB Home se les perdonarán las sanciones, según el DHS.
A finales de mayo, la agencia de noticias Reuters habló con ocho abogados de inmigración de todo el país que señalaron que sus clientes habían sido multados desde varios miles de dólares hasta algo más de 1.8 millones.
El Gobierno pretende imponer multas con carácter retroactivo de un máximo de cinco años, según la agencia, de forma que la sanción máxima sería de 1.8 millones.
El Gobierno considera confiscar las propiedades de los inmigrantes que no pudieran pagar, según la agencia.
Las multas se basan en una ley de 1996 que se aplicó por primera vez en 2018, durante el primer mandato de Trump, y se dirigen a los aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes que han recibido una orden de deportación de un juez de inmigración.
.La Administración Trump retiró multas de cientos de miles de dólares contra 9 inmigrantes que buscaron refugio en iglesias en su primer mandato tras un desafío legal, pero aplicó sanciones menores. El Gobierno de anterior acabó con las sanciones en 2021
