En las últimas semanas, abogados del Departamento de Seguridad Nacional han comenzado a presentar una serie de mociones en las cortes de inmigración de Nueva York con el objetivo de cerrar solicitudes de asilo de manera masiva. Su argumento central es que las personas en procesos de deportación no tendrían derecho a pedir asilo en Estados Unidos si, según acuerdos recientes, pueden hacerlo en otros países considerados “seguros”, como Honduras, Ecuador o Uganda.
Expansión de una táctica que ya se observa en otras ciudades
La estrategia, que ya había sido reportada en tribunales de San Francisco, empezó a aplicarse con fuerza en Nueva York durante las dos últimas semanas. Abogados, observadores y organizaciones legales han señalado que este movimiento podría anticipar un aumento significativo de deportaciones hacia terceros países en los próximos meses.
Durante una audiencia reciente, un abogado del gobierno solicitó repetidamente que se “pretermitieran” —es decir, que se desecharan sin mayor análisis— las solicitudes de asilo de varias personas. Esta acción dejaría a los solicitantes sin protección frente a una posible deportación a países donde nunca han vivido o incluso nunca han estado.
Reacciones en la corte: confusión, angustia y plazos ajustados
La jueza Tiesha Peal otorgó a quienes enfrentan estas mociones hasta el 22 de enero para responder por escrito, con una nueva audiencia programada para principios de febrero. En una de las audiencias, una mujer ecuatoriana escuchó que, según la postura del gobierno, debía buscar asilo en Uganda o Honduras. Al salir de la sala, rompió en llanto, describiendo la situación como profundamente injusta. Otra mujer, en su primera comparecencia, expresó miedo y desconcierto ante la posibilidad de ser enviada a un país desconocido.
Abogados de organizaciones sin fines de lucro intentaron orientar a las personas afectadas, recordándoles que aún tienen la oportunidad de responder por escrito y que la moción no equivale a una orden inmediata de deportación.
La postura oficial del Departamento de Seguridad Nacional
En una declaración escrita, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que su objetivo es acelerar la salida de personas que consideran “no autorizadas”, garantizando al mismo tiempo el debido proceso. La agencia defendió los llamados Acuerdos de Cooperación de Asilo como mecanismos legales que permiten que quienes buscan protección en Estados Unidos lo hagan en países asociados que, según el gobierno, están preparados para evaluar sus solicitudes de manera justa.
Antecedentes legales y un panorama incierto
En junio, la Corte Suprema permitió que la administración avanzara con la implementación de deportaciones a terceros países, al suspender una orden previa que exigía advertencias por escrito y la oportunidad de presentar una defensa. Hasta ahora, estas deportaciones habían sido poco frecuentes: solo 62 personas en Nueva York habían sido enviadas a países distintos al de su origen entre enero y mediados de octubre.
Con la nueva táctica, quienes deseen mantener activa su solicitud de asilo deberán presentar una respuesta escrita. Sin embargo, incluso abogados experimentados reconocen que no existe jurisprudencia clara que indique cómo deben argumentar estos casos, lo que deja a muchos solicitantes —especialmente aquellos sin representación legal o sin dominio del inglés— en una situación de extrema vulnerabilidad.
Un precedente reciente y sus implicaciones
El Board of Immigration Appeals resolvió en octubre un caso similar, estableciendo que los jueces pueden aceptar las mociones para desechar solicitudes de asilo a menos que la persona demuestre, con evidencia suficiente, que enfrentaría persecución en el tercer país designado. Para algunos abogados, esta carga probatoria es prácticamente imposible de cumplir, especialmente cuando se trata de países con los que los solicitantes no tienen ninguna relación.
Un sistema bajo presión y un clima de incertidumbre
La medida se suma a una serie de cambios que han sacudido al sistema de cortes migratorias, el cual depende del Departamento de Justicia. En los últimos años, se han producido despidos de jueces con altos índices de aprobación de asilo, lo que ha generado preocupación entre defensores y observadores.
En los pasillos de las cortes, voluntarios y abogados intentan orientar a quienes enfrentan estas mociones, explicando los pasos a seguir mientras la incertidumbre crece. Las decisiones judiciales que se tomen en las próximas semanas determinarán el alcance real de esta nueva estrategia y su impacto en miles de casos de asilo en todo el país.
