Las protecciones para los repartidores de aplicaciones en la ciudad de Nueva York podrían enfrentar una aplicación insuficiente tras la propuesta presupuestaria preliminar del alcalde Mamdani, que contempla una reducción del 8.5 por ciento en el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), reconoció este jueves el principal regulador de la agencia.
Durante una audiencia preliminar del presupuesto ante el Concejo Municipal, el comisionado Sam Levine advirtió que la agencia necesita recursos adicionales para implementar de manera efectiva las nuevas leyes aprobadas el año pasado.
Advertencias
“En lo que respecta a cómo podemos implementar estas leyes de manera efectiva, existen necesidades presupuestarias significativas”, señaló Levine ante los concejales. Aunque reafirmó el compromiso del DCWP de hacer cumplir las normas independientemente del financiamiento, sus declaraciones generaron escepticismo entre los líderes del Concejo.
El líder de la mayoría y presidente del Comité de Transporte, Shaun Abreu, respondió con firmeza: “Sé que hay limitaciones sobre lo que puede decir hoy; yo no tengo esas limitaciones. Necesitamos darle los recursos que necesita y todas las líneas que requiere para hacer su trabajo”.
Un giro respecto a las promesas de campaña
Como candidato a la alcaldía el año pasado, Mamdani había prometido duplicar el presupuesto del DCWP. Sin embargo, su propuesta preliminar para el año fiscal 2027 asigna 74.7 millones de dólares, por debajo de los 81.7 millones aprobados para el año fiscal 2026.
La reducción llega en un momento en que la ciudad aprobó múltiples protecciones para repartidores y conductores de aplicaciones, incluyendo la expansión del salario mínimo, la obligación de mostrar opciones de propina antes del pago y la prohibición de desactivar cuentas sin causa justificada.
Nuevas protecciones y un aumento esperado de quejas
Las prohibiciones de desactivación entrarán en vigor para las aplicaciones de entrega en diciembre y para los conductores de transporte por aplicación este verano. Defensores de los trabajadores han advertido que la amenaza de desactivación ha llevado a muchos conductores a comportamientos riesgosos en las calles.
El DCWP anticipa un aumento significativo de quejas una vez que las nuevas normas entren en vigor. “Requieren recursos importantes para poder analizarlas”, explicó Levine.
Recursos necesarios para implementar las leyes
Para aplicar la ley de desactivación en aplicaciones de entrega, el DCWP estima que necesita 34 empleados adicionales. La implementación de la ley para conductores de transporte por aplicación requeriría 170 nuevos trabajadores, con un costo total proyectado de 5.5 millones de dólares.
Un desafío para la ciudad y sus trabajadores
La posible falta de recursos amenaza con debilitar protecciones consideradas esenciales por los repartidores, quienes han denunciado durante años prácticas laborales injustas, salarios bajos y desactivaciones arbitrarias. El Concejo Municipal deberá ahora evaluar si aumenta el financiamiento del DCWP para garantizar que las nuevas leyes no queden en el papel.
