La ciudad de Nueva York puso en marcha este lunes una nueva normativa de propinas para repartidores, luego de que un juez federal rechazara el intento de varias empresas de entrega a domicilio —incluidas GrubHub y Uber— de bloquear su implementación. La medida marca un nuevo capítulo en el esfuerzo municipal por regular a las plataformas digitales y fortalecer las protecciones laborales para los trabajadores del sector.
Fallo judicial respalda la autoridad
El viernes, el juez George Daniels, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, falló a favor de la ciudad en la disputa legal sobre la nueva ley. La normativa exige que aplicaciones de entrega como DoorDash y Uber Eats permitan a los clientes dejar propina directamente en la pantalla de pago, con una opción predeterminada del 10%.
El juez determinó que la ciudad tiene argumentos legales sólidos para sostener la regulación y rechazó la solicitud de las empresas de impedir su entrada en vigor. Las compañías apelaron de inmediato, advirtiendo que la decisión podría afectar el funcionamiento de los servicios de entrega y tener repercusiones económicas para la ciudad.
Reacción de las empresas
DoorDash expresó su desacuerdo con el fallo y señaló que la nueva ley podría generar una disminución inmediata en los pedidos para pequeños negocios, afectar la experiencia del cliente y reducir las oportunidades de trabajo para los repartidores.
La empresa argumentó que obligar a solicitar una propina antes del pago, en un contexto en el que muchos residentes expresan cansancio ante la “cultura de las propinas” y enfrentan dificultades económicas, constituye una política equivocada. Aun así, las compañías aseguraron que continuarán litigando para revertir la medida.
Respaldo del alcalde Mamdani
El fallo representa una victoria para el alcalde Zohran Mamdani, quien ha acusado a las plataformas de entrega de prácticas injustas hacia los trabajadores y ha prometido reforzar la supervisión del sector. A principios de mes, su administración presentó una demanda contra la empresa Motoclick, alegando que retuvo pagos a sus repartidores.
Samuel Levine, comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, celebró la decisión judicial y afirmó que confirma la obligación de las grandes corporaciones de cumplir con leyes diseñadas para proteger tanto a trabajadores como a consumidores.
Debates estatales sobre impuestos y propinas
El debate sobre las propinas también se ha trasladado al ámbito estatal. La gobernadora Kathy Hochul ha indicado que podría respaldar una propuesta legislativa conocida como “No Tax on Tips”, que forma parte de su agenda de asequibilidad para el próximo año.
Paralelamente, legisladores republicanos han impulsado un plan que replica una disposición de la One Big Beautiful Bill Act del presidente Donald Trump, vigente desde este año, que permite a los trabajadores que reciben propinas deducir hasta 25,000 dólares anuales de sus ingresos imponibles. Después de ese monto, las propinas vuelven a estar sujetas a impuestos federales. Esta medida expirará a finales de 2028, salvo que el Congreso decida extenderla.
Preocupaciones sobre el clima económico
Los republicanos han sostenido que la carga fiscal de Nueva York, una de las más altas del país, junto con regulaciones estrictas y costos laborales crecientes, está impulsando la salida de residentes y empresas. Señalan que los impuestos estatales sobre las propinas son un ejemplo de políticas que, a su juicio, perjudican la competitividad económica.
Según datos del Servicio de Impuestos Internos, el estado perdió 24,500 millones de dólares en ingresos ajustados en 2021 debido a la migración hacia estados con menor carga fiscal, como Nueva Jersey y Florida. La tendencia es especialmente marcada en la ciudad de Nueva York, que registró una pérdida neta de casi 78,000 residentes entre 2022 y 2023.
Medida reconfigura el debate
La entrada en vigor de la nueva ley de propinas abre un nuevo capítulo en la relación entre la ciudad, las plataformas digitales y los trabajadores de reparto. Mientras continúa la batalla legal, el debate sobre regulación, condiciones laborales, impuestos y asequibilidad seguirá ocupando un lugar central en la agenda pública de Nueva York.
