Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán han advertido de que podrían «cambiar su política» hacia Estados Unidos si Washington retiene los fondos congelados al Banco Central afgano y ha reclamado al Gobierno estadounidense que modifique su decisión.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el viernes la descongelación de unos 3.500 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) en activos, si bien otros 3.500 millones de dólares irán a un fondo destinado a los litigios en curso de las víctimas de terrorismo en Estados Unidos, en particular de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En este sentido, el Emirato Islámico de Afganistán ha señalado en un comunicado que Biden «ha congelado bienes de Afganistán depositados en bancos de su país, en un desafío a todas las normas internacionales, y ahora quiere incautarlos».
«El Emirato Islámico condena firmemente la decisión injustificada de Biden como una violación de los derechos de todos los afganos. Los ataques del 11-S no tienen nada que ver con los afganos», resalta el comunicado, publicado por el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, a través de su cuenta en la red social twitter.
En este sentido, los talibán han dicho que «cualquier apropiación de las propiedades del pueblo afgano bajo el pretexto de este incidente es una clara violación del acuerdo alcanzado con el Emirato Islámico». «Hacer esto es un intento de encubrir 20 años de crímenes en Afganistán», han sostenido.
Por ello, han reclamado a Estados Unidos que libere estos fondos «de forma incondicional» y ha advertido de que «si Washington no se desvía de su posición y sigue con sus actividades provocativas, el Emirato Islámico se verá forzado a reconsiderar su política hacia este país».
Manifestación en Kabul
Durante la jornada de este martes, cientos de personas se han manifestado en la capital de Afganistán, Kabul, para protestar contra la decisión de Biden, tal y como ha recogido la agencia afgana de noticias Jaama Press.
Según la Casa Blanca, la decisión de Biden está destinada así a abordar «la crisis humanitaria generalizada en Afganistán y cubrir sus urgentes necesidades de seguridad alimentaria, agua, saneamiento, salud, higiene, vivienda y asistencia para asentamientos, y asistencia relacionada con COVID-19», ante la amenaza «cada vez más profunda» de un «potencial colapso económico» en el país.
Estos 7.000 millones de dólares comprenden divisas, bonos e incluso oro, acumulados durante estos últimos 20 años como excedente de la ayuda económica proporcionada por Estados Unidos y otros países al Gobierno afgano, y son considerados como una especie de «fondo de emergencia». Parte de esta cantidad, unos 500 millones de dólares, sirven como garantía física de los depósitos de los afganos en sus bancos locales.
Los talibán llevan exigiendo el control de este dinero desde que completaron su conquista del país el pasado 15 de agosto, pero frente a ellos se encuentra un grupo de familiares de las víctimas del 11-S, quienes han llegado a ganar juicios contra el grupo fundamentalista en los que solicitaban al Gobierno estadounidense que embargara estos activos, si bien algunas de las familias implicadas en los procedimientos recomiendan, recuerda ‘The New York Times’, que estos fondos en juego vayan directamente a la recuperación de las familias afganas.
