En Nueva York, toneladas de alimentos perfectamente aptos para el consumo terminan cada año en vertederos, mientras más de dos millones de residentes enfrentan dificultades para acceder a comida suficiente. En este contexto, legisladores estatales analizan una propuesta que ofrecería incentivos fiscales a restaurantes que donen comidas preparadas a organizaciones comunitarias, una medida que defensores consideran clave para reducir el desperdicio y fortalecer la seguridad alimentaria.
Un incentivo fiscal para transformar excedentes en ayuda alimentaria
La propuesta, impulsada en ambas cámaras legislativas, crearía un crédito fiscal estatal para establecimientos de comida que donen comidas preparadas a despensas y organizaciones comunitarias. El beneficio cubriría un porcentaje del valor de mercado de cada comida donada, con un límite anual por negocio. Para entrar en vigor, la medida debe ser incluida en el presupuesto estatal final, actualmente en negociación.
Las versiones aprobadas por el Senado y la Asamblea difieren en alcance: mientras el Senado se centra en restaurantes y permitiría a la ciudad de Nueva York crear un crédito local complementario, la Asamblea propone extender el incentivo a fabricantes, distribuidores y minoristas, ampliando el impacto a toda la cadena alimentaria.
Un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria
La propuesta llega en un momento crítico. Organizaciones especializadas han documentado un incremento significativo en la inseguridad alimentaria en el estado, con tasas que superan niveles observados durante los primeros meses de la pandemia. Informes recientes señalan que uno de cada siete residentes enfrenta dificultades para acceder a alimentos suficientes, con disparidades raciales pronunciadas.
Además, cambios recientes en los requisitos federales del programa SNAP podrían reducir la elegibilidad de miles de neoyorquinos, aumentando la presión sobre despensas, bancos de alimentos y programas estatales y locales.
Complemento a programas existentes y a esfuerzos previos
El crédito fiscal propuesto se sumaría a incentivos federales ya vigentes para donaciones de alimentos y a leyes que protegen a los donantes de responsabilidad civil cuando actúan de buena fe. Nueva York también cuenta con un crédito fiscal para agricultores que donan productos frescos, vigente desde 2018, y durante la pandemia implementó un programa que permitió a restaurantes preparar comidas para familias necesitadas.
La nueva medida extendería este modelo a los establecimientos que ya han demostrado capacidad para producir comidas nutritivas y distribuirlas a comunidades vulnerables.
Restaurantes como aliados en la lucha contra el hambre
Organizaciones como Rethink Food han defendido durante años que los restaurantes pueden desempeñar un papel central en la respuesta a la inseguridad alimentaria, no solo proporcionando comidas, sino también generando empleo y fortaleciendo economías locales. Estudios recientes han señalado que este enfoque puede generar beneficios económicos significativos en comparación con modelos centralizados de producción de alimentos.
Defensores de la propuesta sostienen que el crédito fiscal permitiría consolidar este modelo y ofrecer estabilidad financiera a los negocios que participan en programas de donación.
Desafíos para la implementación y consideraciones prácticas
Aunque el crédito fiscal podría incentivar la participación, expertos señalan que la donación de alimentos enfrenta barreras persistentes, como preocupaciones sobre responsabilidad legal, requisitos de seguridad alimentaria y la logística de recolección y distribución. Para que la medida tenga impacto, será necesario acompañarla con orientación clara, infraestructura de recuperación de alimentos y campañas de divulgación dirigidas a los negocios.
El límite anual del crédito podría resultar atractivo para pequeños restaurantes, pero menos para operaciones de mayor escala, donde los costos administrativos son más altos.
Próximos pasos en Albany
Con el apoyo del Senado y la Asamblea, la decisión final recae ahora en la oficina de la gobernadora. La inclusión del crédito en el presupuesto estatal determinará si la medida se convierte en ley. De no ser así, los proyectos de ley independientes podrían avanzar, pero sin un mecanismo presupuestario no podrían implementarse.
La propuesta se enmarca en un esfuerzo más amplio del estado para reducir el desperdicio de alimentos y mejorar el acceso a comidas nutritivas. Para defensores y organizaciones comunitarias, este es uno de los momentos más concretos en años para convertir esa visión en una política pública sostenida.
