Jesús Elorza
Al aproximarse la fecha del nuevo año escolar prevista para el 18 de septiembre, los trabajadores del sector educativo conversaban permanentemente sobre este tema. Algunos manifestaban su preocupación sobre la irresponsabilidad del gobierno, al hacer el anuncio de inicio de clases, sin resolver previamente los problemas que afectan a la educación.
–Uno de los docentes, se preguntaba a viva voz, ¿Cómo es posible hablar de inicio de clases en un momento de Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela?, si no están dadas las condiciones para ello, como consecuencia de la inexistencia del Estado Docente, el irrespeto a la autonomía de los gremios, la violación de los derechos laborales con la “bonificación” burlista del trabajo pedagógico, la gravísima deserción escolar y la migración de docentes, la casi inexistencia de programas de asistencia al estudiante, el incumplimiento de la obligación de inclusión educativa de los pueblos indígenas, la instrumentación de prácticas de persecución y acoso laboral con trasfondo partidista, la imposición de modificaciones al currículo escolar con sesgo ideológico y la vulneración de la autonomía universitaria en todas sus expresiones.
–Un obrero manifestaba: “Estudiar entre ruinas” es el calificativo que debería usarse para referirse a la caótica situación de la infraestructura de los centros educativos: alrededor de 70 por ciento de los planteles presentan graves problemas de infraestructura, originados por un desgaste natural, pero también por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo
–Uno de los empleados administrativo, pidió la palabra para señalar las estadísticas de la crisis que se presenta en el sistema educativo público: 74,7% de las escuelas básicas tienen su planta física altamente deteriorada y 78,5% no cuenta con un suministro regular de agua.
El 56% de los docentes se retiró del sistema, por exiguos salarios, malas condiciones de trabajo, ocasionando que 73,0% de las escuelas presentara déficits de maestros y profesores. En 2022 de los 7,8 millones de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años, al menos 2,9 millones no asistía regularmente a clases y 1,5 millones había abandonado la escuela.
–Un miembro del personal que atiende uno de los comedores escolares intervino para señalar que, con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), sólo el 32,27% recibe el servicio todos los días de clases y 36,7% varias veces a la semana, mientras que 70,8% se limita a una comida diaria, con poca proteína y más carbohidratos. El 90% de los planteles no cuenta con los suministros necesarios de alimentos, además de sufrir la falta de utensilios y el mal estado de las áreas de cocina y comedor.
–Un delegado de la Asamblea de Trabajadores de la Educación, intervino para exponer que, el gobierno permanece ciego, sordo y mudo frente al reclamo magisterial por la falta de discusión de los contratos colectivos, la derogación del instructivo de la ONAPRE y la exigencia de salarios, pensiones y jubilaciones dignos.
Hasta este momento, llevamos más de 500 días sin aumentos salariales. Los trabajadores, debemos oponernos a la política de bonificación del salario. Hoy resulta inaceptable, la respuesta gubernamental de no tener recursos para atender el reclamo de los trabajadores; la recuperación de la producción petrolera certifica la disponibilidad de recursos. El aumento salarial es socialmente pertinente y viable financieramente.
–Un representante de la intergremial universitaria, interviene para decir que el conflicto universitario que hoy mantienen profesores, empleados, obreros y estudiantes es respuesta a la grave crisis que atraviesa el país y a la inadecuada estrategia de transformación universitaria que pretende hacer de las universidades centros donde sólo se educa y se gradúan profesionales formados bajo un pensamiento único.
Durante 24 años el régimen ha mantenido una constante violación de la autonomía universitaria a través de un criminal cerco presupuestario, la judicialización de la protesta, la represión, la negativa a los aumentos salariales, la apropiación indebida de los recursos correspondientes a las Cajas de Ahorro, el cierre progresivo de los comedores, el deterioro de la planta física, la deserción estudiantil, la migración profesoral y la falta de programas de Asistencia Social que han colocado a los miembros de la comunidad universitaria en la trágica condición de “condenados a muerte” por carecer de una seguridad social que les permita atender los problemas de salud que se les presenten.
Finalmente, estudiantes, obreros, empleados y profesores de los distintos niveles del sector educativo coincidieron en señalar que, el inicio de clases para este nuevo año escolar está condicionado por las luchas que la comunidad educativa mantiene contra un régimen autoritario, que solo busca mantener la negación de los derechos sociales y laborales y la represión como un mecanismo para doblegar a los trabajadores en su afán por implantar un régimen totalitario de pensamiento único.
El tema central, no es el inicio de clases sino la lucha de clases, la de los trabajadores en contra de un régimen explotador, por alcanzar una sociedad mejor en donde predominen la libertad y la democracia. La lucha continúa.
