Defensores legales presentaron este martes una moción para impedir que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) continúen aplicando una política que, según denuncian, presiona a menores migrantes no acompañados a aceptar la deportación voluntaria antes de acceder a las protecciones que establece la ley federal.
La ley exige que los menores sean transferidos
La Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008 establece que los menores migrantes no acompañados detenidos en la frontera deben ser enviados a un albergue administrado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. En esos centros, los niños pueden hablar con sus padres, acceder a asesoría legal y comparecer ante un juez de inmigración antes de decidir si aceptan la deportación voluntaria o buscan otras alternativas.
Una nueva política permite la autodeportación
Según documentos judiciales, desde septiembre de 2025 la CBP comenzó a ofrecer la opción de deportación voluntaria antes de que los menores sean transferidos a un albergue federal. Los abogados sostienen que esta práctica contradice la ley vigente y expone a los niños a presiones indebidas en un momento de extrema vulnerabilidad.
Amenazas, detenciones prolongadas
La moción presentada detalla que, si los menores rechazan regresar voluntariamente, la política contempla:
- • Retención prolongada en instalaciones fronterizas
- • Arresto y procesamiento de sus patrocinadores adultos en Estados Unidos
- • Prohibiciones futuras para solicitar visas
Los defensores argumentan que estas amenazas constituyen coerción y violan una orden judicial que prohíbe deportar a menores guatemaltecos no acompañados sin un procedimiento ante un tribunal migratorio.
Solicitan ampliar la protección a menores de otros países
Los abogados representan a niños guatemaltecos afectados por un intento fallido de deportación masiva en agosto pasado. Además de pedir que se detenga la política, solicitan que la orden judicial se extienda a menores de otros países, excepto México y Canadá, cuyos casos se procesan bajo reglas distintas.
La CBP no respondió a solicitudes de comentarios.
Testimonios de menores
Los abogados documentaron casos en los que agentes presuntamente gritaron, intimidaron o presionaron a los menores para que firmaran documentos que no comprendían. Una niña relató que, tras lesionarse en un accidente de tráfico, un agente la obligó a firmar papeles mientras se le negaba atención médica. “Pensé que tenía que firmar, pero no sabía por qué ni para qué”, declaró por escrito.
Defensores denuncian coerción
Mishan Wroe, abogada del National Center for Youth Law, afirmó que la política impide que los menores ejerzan los derechos que la ley les garantiza. “Es claramente coercitivo amenazar a los niños con detenciones prolongadas cuando están asustados y no se les permite hablar con un abogado o con su familia antes de tomar una decisión que afectará su futuro”, señaló.
Opción se presenta solo a algunos menores
En una declaración judicial, Michael Julien, funcionario de la CBP, indicó que la deportación voluntaria se ofrece únicamente a ciertos menores y que la explicación se hace de forma oral. Los abogados han identificado 13 casos en el sur de Texas, aunque creen que la cifra real es mucho mayor.
Kate Talmor, asesora del Institute for Constitutional Advocacy and Protection, explicó que solo pudieron intervenir en esos 13 casos porque los vuelos no se concretaron y los menores fueron enviados a un albergue, donde finalmente pudieron recibir asistencia legal.
Próximos pasos en el proceso judicial
El gobierno federal tiene dos semanas para presentar sus argumentos. Posteriormente, el juez decidirá si bloquea la política para menores guatemaltecos y si amplía la protección a niños de otros países.
